SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0368/2015-S2
Fecha: 08-Abr-2015
I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
Jimy Rudy Siles Melgar y José Eddy Mejía Montaño, Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandados-; por informe escrito de 28 de agosto de 2014, cursante a fs. 52 y vta., manifestaron que a tiempo de emitir el Auto de 27 de septiembre de 2013, fueron claros y contundentes al señalar que, conforme el informe verbal del cursor, en sentido de que los recurrentes Iván Ernesto Vidal Rousseau en representación de Eustaquio Delgadillo Torrico y Guido Delgadillo Bautista, no corrieron los gastos de casación, dentro del plazo previsto por el art. 260 del CPC, no obstante de su legal notificación con el Auto que concedió el recurso de casación, en aplicación del art. 262 del mismo cuerpo legal, se declaró la caducidad de los recursos de casación; consiguientemente, ejecutoriado el Auto de Vista de 23 de enero de 2013, debiendo devolverse antecedentes al juzgado de origen. No existiendo irregularidad alguna y al haberse resuelto a derecho, solicitaron denegar la tutela impetrada.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- I.1.3. Petitorio
- I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
- I.2.3. Intervención del tercero interesado
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- III.
- Fragmento 14
- III.1. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional
- La acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los derechos y garantías, al constituirse un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto tampoco otorgar la tutela
- De la lectura del precepto anotado se establece que si el Juez tiene la obligación de remitir el recurso
- Cabe precisar que con relación a este aspecto, el art. 10 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), dispone que en atención al principio de gratuidad, queda suprimido y eliminado todo pago por concepto de timbres, formularios y valores para la interposición de cualesquier recurso judicial en todo tipo y clase de proceso, pago por comprobantes de caja del Tesoro Judicial y cualquier otro tipo de pago que se grave a los litigantes; determinación normativa que deberá ser cumplida conforme señala la Disposición Transitoria Décima Segunda de la misma Ley, en la que determina que la supresión de valores y aranceles judiciales a favor de los litigantes, será de aplicación progresiva conforme lo determine el Tribunal Supremo de Justicia
- Fragmento 19
- III.3. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR