SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0423/2015-S3

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución de 2 de diciembre de 2013, cursante de fs. 524 a 528 vta., concedió la acción de amparo constitucional, disponiendo la nulidad del Auto Vista de 10 de mayo de 2013 y que a la brevedad, la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emita un nuevo Auto de Vista fundado exclusivamente en la valoración objetiva de la prueba aportada y producida en el proceso de ejecución de sentencia; bajo los siguientes fundamentos: 1) Respecto a la vulneración de la legalidad ordinaria por incongruencia del Auto Vista de 10 de mayo de 2013, pronunciado por las autoridades demandadas, con lo resuelto en el proceso principal, en infracción de la cosa juzgada sustancial, sin tomar en cuenta que el Auto Vista de 13 de abril de 1995, estableció que la construcción nueva de los demandados causo el derrumbe del inmueble de la demandante, cabe señalar que la Sentencia de 8 de octubre de 1993, que confirmó el Auto Vista de 13 de abril de 1995, sólo llegó a determinar en concreto y de manera genérica la existencia de daños y perjuicios averiguables en ejecución de sentencia, por lo que como resultado de la valoración probatoria no se tiene expresamente declarado, que sin duda alguna, la construcción del edificio “San Andrés” fuera el causante del derrumbe de todo el inmueble contiguo, lo que justifica haberse dejado la averiguación de la magnitud del daño apreciable en dinero para la fase de ejecución de sentencia; por lo que, los fundamentos del Auto Vista de 10 de mayo, no vulnera la cosa juzgada, habiéndose limitado al objeto del proceso de ejecución; en consecuencia, la acción de amparo constitucional fundada en dicho aspecto no amerita la concesión de la tutela; y, 2) Sobre la vulneración a la legalidad ordinaria por la inadecuada e incorrecta cuantificación del importe de daños y perjuicios demandados, basado en la realidad, avisos de prensa no identificados, la vida cotidiana, en inobservancia de los métodos de valoración de la prueba tasada y del prudente criterio, que no explicaron las razones técnico económicos financieras en que se basó el Auto Vista de 10 de mayo de 2013, corresponde señalar, que si bien las autoridades demandadas absolvieron todos los puntos de apelación fundadamente y existiendo un sentencia ejecutoriada que determinó la existencia de daños y perjuicios, han procuraron dar respuesta a las partes definiendo un monto económico como daños y perjuicios; empero, dicha labor vulneró la legalidad ordinaria, en razón a la incongruencia existente, cuando por una parte manifestaron que no existe prueba y por otra, sin existir la misma, ni hacer alusión a que prueba objetiva y concreta se refieren, que demuestre la realidad mencionada, arbitrariamente fijaron el monto en $us25 000.- como cuantía del daño y perjuicio, basados en el sentido común, haciendo una abstracción de cuál es en realidad el daño causado y cuál es el valor económico de que se debe pagar para restituirlo, considerando las características específicas del bien afectado al estado en que se encontraba originalmente antes de sufrir el daño, por lo que las deducciones a las que arribó la Sala demandada para establecer el monto de la calificación de daños y perjuicios, emergió del libre arbitrio y no guarda coherencia con el hecho afirmado, de que no existe prueba para demostrar la cuantificación de daños y perjuicios, cuando le es atribuible la responsabilidad de emitir una resolución basada únicamente en la valoración de la prueba existente en obrados para demostrar el daño y su traducción en recursos económicos; razón por la que, en relación a esta última temática como vulneratoria al debido proceso, se concede la tutela del amparo constitucional.