SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0472/2015-S2

La Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justica de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, a través de la Resolución 11/2015 de 16 de marzo, cursante de fs. 72 a 74 vta., denegó en parte la tutela solicitada, “con referencia a la determinación adoptada en el acta de 3 de junio de 2014 que impone una multa de Bs. 3000.- y que fue ratificada por el auto pronunciado en audiencia de 10 de junio de 2014, y declaró ‘IMPROCEDENTE’ con relación a la decisión emitida en la misma fecha en cuanto a que no puede participar en el juicio oral en tanto no se pague la multa impuesta, por no haber agotado la vía” (sic); en base a los siguientes fundamentos: i) El Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, está plenamente habilitado para sancionar actuaciones que no permitan el normal desarrollo de la audiencia de juicio y que perjudique el proceso conforme lo señalan los arts. 105, 329, 330, 334, 338 y 339 del CPP; ii) En el recurso de reposición que interpuso el ahora accionante no existe prueba que justifique su inasistencia; incluso se observa que en la audiencia de 10 de junio de 2014, en la cual se resolvió el recurso de reposición, éste llegó después de haberse instalado la audiencia, habiendo otorgado pase profesional a otra abogada; iii) En principio se decidió que mientras no pague la multa no debía participar en las audiencias; posteriormente, se corrigió tal resolución, en sentido de que, a partir de que sea notificado con la misma, tenía tres días de plazo para pagar la multa y ante el incumplimiento no podría participar de las audiencias; y, iv) Con referencia a la decisión del Tribunal, adoptada el 10 de junio de 2014, se debe considerar que es una resolución independiente en relación a la multa impuesta al ahora accionante, la decisión tomada de que para participar en las posteriores audiencias previo debía pagar la multa; de la revisión del acta, no se establece que Iván Elmer Perales Fonseca, ahora accionante, haya impugnado dicha decisión; consiguientemente, al no haberlo hecho en sede jurisdiccional, se trata de un acto consentido correspondiendo la aplicación del art. 53.3 del Código Procesal Constitucional (CPCo).