SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0519/2015-S2

La Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 08/2014 de 14 de octubre, cursante de fs. 201 a 206, denegó la tutela solicitada, conforme a los siguientes fundamentos: i) La línea jurisprudencial relativa a la revisión de la actividad de otros tribunales por parte de la justicia constitucional, avanzó hasta consolidar que la interpretación de la legalidad infra constitucional, corresponde a los tribunales de justicia ordinaria y no a la justicia constitucional; sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la Norma Suprema, de manera excepcional la justicia constitucional ingresa a valorar la actividad desarrollada en miras a brindar tutela, precisándose cuatro elementos de importancia: a) Las autoridades de otros sistemas de justicia, ejercen al igual que la justicia constitucional, una actividad hermenéutica que parte de la Constitución Política del Estado e irradia a todo el ordenamiento jurídico; por ello, a la luz del Estado Constitucional de Derecho, no es válido hablar de legalidad ordinaria, pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Norma Suprema y su labor interpretativa parte de la misma; b) La noción de reglas admitidas por el derecho rescatando una posición teórica decimonónica no agota las posibilidades hermenéutico-argumentativas de las autoridades judiciales, por ende si bien los métodos de interpretación, pueden resultar útiles en la obtención de un resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras de satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la Constitución; c) La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del derecho (interpretación de las normas), no siendo labor propia de la justicia constitucional; sin embargo, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial las autoridades judiciales se sometan a la Ley Fundamental; y, d) Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deberán hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa - argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrándose ante la justicia constitucional abrir su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello implique que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnatorio o supletorio de la actividad de los jueces. Resultando exigible una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: 1) Por vulneración del derecho a una resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; 2) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, 3) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derecho y garantías constitucionales; ii) En el caso sublite, se constata que la parte accionante efectuó apreciaciones absolutamente subjetivas y personales, además de señalar los derechos supuestamente vulnerados o lesionados; sin embargo, no llegó a explicar de qué manera la labor interpretativa impugnada resulta arbitraria, incongruente, absurda, ilógica o con error evidente, tampoco identificó en forma clara y precisa, si las autoridades demandadas omitieron cumplir con las reglas de interpretación admitidas por el derecho y en qué forma esa interpretación y aplicación lesionó sus derechos y garantías constitucionales, ni la dimensión en que fueron vulnerados sus derechos fundamentales, no siendo suficiente argüir que se lesionó el derecho al debido proceso y otros, sino como se tiene referido se debe demostrar la dimensión; apartándose de los marcos de razonabilidad y equidad; y, por último que se haya efectuado una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesionó derechos y garantías, pretendiendo por el contrario convertir la jurisdicción constitucional en última instancia, o casacional; y, iii) Se concluyó que en la presente acción de amparo constitucional, no existen los elementos necesarios para que éste Tribunal ingrese a la valoración de la interpretación de la legalidad ordinaria por los fundamentos expuestos, no pudiendo ingresarse a analizar el fondo de la problemática planteada.