SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0521/2015-S1

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, pronunció la Resolución 28 de 10 de octubre de 2014, cursante de fs. 141 a 152 vta., por la que concedió la tutela solicitada, y disponiendo la restitución o reincorporación de la accionante a su puesto de trabajo, en el cargo de Personal Auxiliar 2, nivel 25, “con el sueldo que ella establece y que así lo establecía su contrato de 2019 con 23 centavos” (sic), así como el pago de sus sueldos devengados, desde el 4 de septiembre de 2013, hasta la efectiva y formal reincorporación y en especial a los derechos adeudados que se menciona en los antecedentes, como ser el sueldo completo del mes de agosto y 4 días de septiembre, así como el bono de transporte correspondiente a julio y agosto, y 4 días de septiembre, así como su aguinaldo de navidad; bajo los siguientes fundamentos: 1) La Resolución de septiembre de 2013, por la que se despidió intempestivamente a Etelvina Ayala Melgar, es la atacada como la que vulneró sus derechos constitucionales; 2) La autoridad laboral no emitió la respectiva conminatoria, sino que se limitó a instruir a Etelvina Ayala Melgar, agotar la vía administrativa, incumpliendo con el parágrafo 3 del DS 0495 de 1 de mayo de 2010; 3) La SCP “177/2012-R” de 14 de mayo, obliga al inspector a desconocer lo que se estableció en la audiencia de conciliación de 4 de febrero de 2014, donde se dispuso que se acuda a la autoridad superior; 4) La SCP 2120/2013 de 21 de noviembre, “le da una mejor agilidad a lo que establece el DS 495, de 1 de mayo de 2010” (sic), pues la inspectoría tenía la obligación de hacer conocer “esta normativa constitucional” (sic); de lo que deduce, que la Jefatura Departamental de Trabajo, así como el Inspector desconocían el lineamento de ese fallo constitucional; por lo que, llegaron a emitir la Resolución de 4 de febrero de 2014, vulnerando los derechos y garantías de la accionante; y, 5) Al omitir la citada Sentencia Constitucional Plurinacional, que es de carácter obligatorio, se vulneró su derecho al debió proceso, así como las disposiciones insertas en los  arts. 46, 47 y 49 de la CPE y DS 0495.