SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0551/2015-S2

En relación a la acción de cumplimiento y su naturaleza jurídica el Tribunal Constitucional Plurinacional en su SCP 1876/2012 de 12 de octubre, señaló lo siguiente: “El art. 134 de la CPE, establece que: ‘I.- La Acción de Cumplimiento procederá en caso de incumplimiento de disposiciones constitucionales o de la ley por parte de servidores públicos, con el objeto de garantizar la ejecución de la norma omitida: II.- La acción se interpondrá por la persona individual o colectiva afectada, o por otra a su nombre con poder suficiente, ante juez o tribunal competente, y se tramitará de la misma forma que la Acción de Amparo Constitucional;     III.-La resolución final se pronunciará en audiencia pública, inmediatamente recibida la información de la autoridad demandada y, a falta de ésta, lo hará sobre la base de la prueba que ofrezca el demandante. La autoridad judicial examinará los antecedentes y, si encuentra cierta y efectiva la demanda, declarará procedente la acción y ordenará el cumplimiento inmediato del deber omitido; IV La decisión se elevará, de oficio, en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en el plazo de las veinticuatro horas siguientes a la emisión del fallo, sin que por ello se suspenda su ejecución; y, V.- La decisión final que conceda la Acción de Cumplimiento será ejecutada inmediatamente y sin observación. En caso   de resistencia, se procederá de acuerdo con lo señalado en la Acción de Libertad. La autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a las sanciones previstas por la ley’. Es decir que la acción de cumplimiento se instituye para el cumplimiento del deber constitucional o legal omitido.

De conformidad a la disposición constitucional citada y concordante con el art. 410 de la Ley Fundamental que señala: ‘I Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución; y, II La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. En ese entendido esta acción de defensa previsto en la Norma Suprema y en los Pactos y Tratados Internacionales en materia de derechos humanos que se ven afectados por la inactividad de las autoridades públicas o la pasividad en el cumplimiento de un deber imperativo impuesto por el ordenamiento jurídico.

En ese sentido, la acción de cumplimiento se caracteriza por ser una acción  extraordinario de tramitación especial y sumaria, inmediatez en la protección en caso de incumplimiento de disposiciones constitucionales o de la ley por, parte de servidores públicos, no reconociendo ningún fuero, privilegio ni inmunidad, para restablecer la situación jurídica alterada y garantizar la ejecución de la norma omitida”.