AUTO CONSTITUCIONAL 0221/2015-RCA

Requisitos tanto de contendido como de forma que deben necesariamente ser cumplidos por los accionantes al momento de presentar la acción, y ante la omisión de alguno de ellos, los jueces o tribunales de garantías podrán solicitar la subsanación dentro del plazo de tres días a partir de su notificación; en caso de que no se cumpla con el referido plazo y no se presente        la rectificación de la omisión, se tendrá por no presentada la acción.

Igualmente al momento de la admisión, los jueces y tribunales de garantías, tienen el deber de verificar si la acción interpuesta no se encuentra dentro de alguna de las causales de improcedencia o de inactivación de la acción de amparo constitucional, para dicho análisis se deberá tomar en cuenta el art. 53 del CPCo, precepto normativo procesal que establece las causales de improcedencia, así como lo previsto por el art. 55.I del ya referido Código, relacionado al plazo de interposición de la acción; examen previo que resulta razonable; por cuanto, sería innecesario activar un proceso en el cual existen ciertas causas que impidan el desarrollo posterior de la causa.

Consiguientemente, luego de que el tribunal o juez de garantías, establezca la concurrencia de alguno de los supuestos de improcedencia, mediante auto motivado deberá declarar la improcedencia de la acción, conforme al art. 30.I.2 del CPCo; resolución debidamente fundamentada, que deberá ser notificada a la parte accionante, para que ésta en el plazo de tres días plantee la impugnación contra dicha decisión.

Caso contrario, si la parte dentro del plazo previsto por ley, impugna el auto de improcedencia, los jueces y tribunales de tutela, tienen el deber de remitir en el término de dos días el expediente en grado de revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, a efecto de que la Comisión de Admisión, única instancia que tiene facultad para ello, mediante Auto Constitucional, se pronuncie al respecto, confirmando la improcedencia o determinando la admisión de la acción, ante lo cual devolverá el expediente al juez o tribunal de garantías, para que esa instancia tramite la acción” (las negrillas nos pertenecen).

Primero, revisar el contenido de la demanda y comprobar los requisitos de admisibilidad previstos en el art. 33 del referido cuerpo legal, verificar si la acción contiene el nombre y las generales de ley de quien la interpone o de su representante legal con poder suficiente; el nombre y domicilio de la persona o autoridad contra quien se la dirige y los datos básicos para proceder a su identificación y donde puede ser notificado; el patrocinio de abogado, cuando corresponda, o la solicitud de defensor público, la relación de los hechos, la identificación de los derechos o garantías que se consideren vulnerados, la solicitud de medidas cautelares, las pruebas que tengan en su poder o el señalamiento del lugar donde se encuentren, y por último, la petición; ante la advertencia de la omisión de alguno de ellos, deben solicitar la subsanación dentro del plazo de tres días a partir de su notificación; y en caso de que no se cumpla con el señalado plazo y no se presente la rectificación de la omisión, la acción se dará por no presentada.

Segundo, luego de haber comprobado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, verificar si la acción interpuesta no se encuentra dentro de alguna de las causales de improcedencia o de inactivación de la acción de amparo constitucional, previstas en el art. 53 del precitado Código, así como lo previsto por el art. 55.I del mismo cuerpo normativo, relacionado al plazo de interposición de la acción; de advertir, la concurrencia de alguno de los supuestos de improcedencia, mediante auto motivado debe declarar la improcedencia de la misma, conforme al art. 30.I.2 del referido Código; y de no haber observado ninguna causal de improcedencia disponer a su admisión y llevar adelante la audiencia para ingresar al análisis del fondo de la causa; y, mediante resolución, conceder o denegar la tutela solicitada.