I.1. Los suscritos Magistrados, en observancia del art. 10.III del Código Procesal Constitucional (CPCo), manifiestan su disidencia sobre la DCP 0177/2015 de 11 de agosto, correlativa a la DCP 0005/2013 de 29 de abril, por los fundamentos de orden

En consideración de la reserva de ley establecida en el art. 241.IV de la CPE, y lo establecido por la Ley de Participación y Control Social se entiende que la regulación al ejercicio del control social no es atribuible a la ETA municipal a quien si bien le corresponde emitir legislación para garantizar el ejercicio de la misma, así como su funcionamiento e implementación, con respecto al gobierno autónomo municipal, no puede regular el ejercicio de la participación y control social por constituirse estos en derechos de los ciudadanos según establece el art. 5.1 y 2 de la misma Ley.  

Ahora bien de la lectura del parágrafo XV del artículo sometido en análisis, se advierte que el estatuyente pretende “regular” el ejercicio de la participación y control social en su jurisdicción al pretender regular el funcionamiento y la implementación de la misma con respecto a esta ETA municipal; corresponde aclarar que el establecimiento del funcionamiento e implementación de la participación y control social en el municipio debe reflejarse en espacios y mecanismos para el ejercicio de la participación y control social, y no así en preceptos regulatorios de éstos derechos constitucional sobre la ciudadanía, en cuyo entendido la ETA en el marco de su institucionalidad si bien puede regular los espacios y mecanismos de participación y control social, no puede regular el funcionamiento e implementación de la misma en cuanto al ejercicio de éste derecho.