SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0776/2015-S1

Conforme a Autos se evidencia que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el impetrante de tutela representado y otra por los presuntos delitos de estafa y estelionato, de 14 de octubre de 2014, en la audiencia de consideración de medidas cautelares se determinó a favor de Víctor Hugo Velarde Suarez la aplicación de medidas sustitutivas; decisión que en audiencia fue apelada por: 1) El abogado de la defensa en representación de la parte accionante y otra, cuestionando que la decisión asumida por la Jueza a cargo del control jurisdiccional, refleja una fundamentación arbitraria, al haber entendido su probable autoría en el delito de estafa, ante la existencia de una deuda garantizada con una letra de cambio aceptada con anterioridad a la venta del inmueble registrado bajo el Folio Real 7.01.3.02.0002335, cuando no se registraba ningún gravamen que obstaculizara la venta, además del que conocían los compradores a favor del Banco Ganadero S.A., siendo así que la anotación preventiva fue registrada de forma posterior, para después ser cancelada; 2) El Fiscal asignado al caso, argumentando diferentes infracciones de       la Jueza a quo, por una mala valoración que dio lugar a determinar la inexistencia de elementos del delito de estelionato, obviando el registro     de dos gravámenes sobre el inmueble objeto de venta y la presencia de engaño y estafa a momento transferir el derecho propietario; desconociendo  además en lo que concierne al peligro de fuga y obstaculización,  la ausencia de acreditación del domicilio, la imputación del accionante representado dentro de otro proceso, en el cual se le expidió mandamiento de  aprehensión y la facilidad que tiene de abandonar el país conforme a su flujo migratorio de entradas y salidas; y, 3) La parte civil, adhiriéndose a los argumentos referidos por la fiscal y alegando error en la Jueza a quo al disponer la libertad de Víctor Hugo Velarde Suarez a pesar de la existencia de indicios suficientes que demostraban no sólo su autoría en los delitos de estafa y estelionato, sino también el peligro de fuga y obstaculización, al no tener acreditado su domicilio, al estar extrañada la licencia de funcionamiento que acredita su trabajo, contar con flujo migratorio           de entradas y salidas del país, estar imputado en un proceso más aparte del iniciado por su persona y negligencia a cumplir con los diferentes llamados del Ministerio Público o del Juez.