SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0856/2015-S1
Fecha: 22-Sep-2015
I.2.2. Informe de la autoridad demandada
Rolando Flores Flores, a través de Jaime Padilla Tapia, abogado de la Aduana Interior Sucre, en audiencia manifestó que, el art. 90 del CTB, les faculta notificar con el Acta de Intervención Contravencional y la Resolución Determinativa o Sancionatoria, en secretaría de la administración tributaria; asimismo, según refiere la SCP 0468/2012 de 4 de julio, se impone al sujeto pasivo la obligación de asistir todos los días miércoles de cada semana para averiguar el estado del asunto; es decir, el citado precepto no prevé una notificación personal con el acta de intervención y las resoluciones determinativas, cuyo origen está en la voluntad del importador o exportador, no siendo posible sostener además que por falta de notificación personal, se vulneraría los derechos al debido proceso o la defensa, cuando la norma establece la notificación en secretaría.
Asimismo, ante la pregunta formulada por uno de los miembros del Tribunal de garantías, refirió que la Ley 133 fue promulgada para que pueda presentarse el saneamiento de los vehículos que se encontraban en territorio nacional hasta el 6 de junio de 2011, teniendo un instructivo especial para su aplicación; una vez decomisado un vehículo, las notificaciones se realizan en secretaría, porque los supuestos propietarios o dueños de los vehículos desaparecen, ya no se presentan al saber que cometieron el delito de contrabando; empero, si se evidenciaba que el vehículo habría ingresado con posterioridad al 6 de junio de 2011, se procede a la anulación del documento único de importación (DUI) y la confiscación con el decomiso.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- b)
- I.2.2. Informe de la autoridad demandada
- 1)
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- Fragmento 15
- III.1. Sobre los principios ético morales de la sociedad plural y los valores que sustenta el Estado Boliviano
- III.2.De la acción de amparo constitucional
- el derecho al debido proceso, a la defensa
- constituye el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar
- No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad
- haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos.
- así como la observancia de los requisitos previstos en cada instancia procesal donde se vean afectados sus derechos, dentro de los procesos ordinarios, administrativos o de otra índole
- III.4. Marco normativo y jurisprudencial sobre la notificación de los actos administrativos en el ámbito aduanero contravencional
- así como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su representante legal
- es necesario que cumplan con su finalidad, que es dar a conocer a las partes o interesados de las resoluciones o providencias dictadas en los procesos, para que los litigantes queden en situación de poder ejercitar de manera oportuna y eficazmente sus derechos en la causa
- notificación en secretaría
- aspecto el cual, se aleja del debido proceso y el derecho a la defensa que se debe brindar a los administrados
- se debe precisar que la Vista de cargo que señala el art. 84.1 del CTB, equivale al Acta de Intervención, aspecto que se encuentra establecido en el art. 97.IV del CTB, que señala: «En el Caso de Contrabando, el Acta de Intervención equivaldrá en todos sus efectos a la Vista de Cargo».
- Las contradicciones existentes en la norma tributaria, ya sea por omisión o por confusión en el legislador, causan indefensión material al administrado
- no puede el art. 90 del CTB, pretender que se notifique un Acta de intervención, que es
- III.5. Análisis del caso en examen
- fijando el plazo de tres días hábiles para la presentación de sus descargos
- las Vistas de Cargo, así como los actos que impongan sanciones o decreten apertura de término de prueba entre otras actuaciones, serán notificadas personalmente al sujeto pasivo
- el Acta de Intervención Contravencional -que en el caso de contrabando equivale a la Vista de Cargo-, estableció la apertura de término de prueba de tres días para la presentación de descargos; en consecuencia, dicho acto administrativo debió ser notificado personalmente al sujeto pasivo, observando el procedimiento establecido en el art. 84.II del mencionado Código,
- en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al administrado; en ese entendido, en el caso que se analiza, se llega a la conclusión de que debió notificarse de manera personal a la ahora accionante, con el Acta de Intervención Contravencional SUCCI-C-0017/2013 de 11 de abril, y no así en secretaría de la Administración Aduanera de Sucre como se procedió
- Fragmento 36
- Fragmento 37