SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0899/2015-S2

De conformidad con los razonamientos y la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la conducta dilatoria en remitir las apelaciones incidentales planteadas contra resoluciones que resuelven medidas cautelares, ingresan en el ámbito de protección de esta acción constitucional, debido a que la medida cautelar de carácter personal, como es la detención preventiva, se encuentra directamente vinculada con el derecho a la libertad de la persona. En este contexto, en la problemática que se examina, las autoridades demandadas incurrieron en dilación al no remitir la apelación al superior en grado -incluso hasta la realización de la audiencia de consideración de esta acción tutelar-, inobservando así el art. 251 del CPP, y la jurisprudencia constitucional, establecida mediante SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, que refiere: "Cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervienen en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas y el tribunal de apelación resolver en el término de setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación" (las negrillas son nuestras).

En virtud a la jurisprudencia constitucional precedentemente mencionada, las autoridades demandadas debieron observar el principio de celeridad y velar por el cumplimiento de los plazos procesales a efectos de resolver la impugnación planteada por la accionante, más aún, si la dilación en la remisión del cuaderno de apelación repercute directamente en su derecho a la libertad. Por lo tanto, la conducta dilatoria, constituye una clara infracción de este derecho, por lo que corresponde conceder la tutela impetrada.