AUTO CONSTITUCIONAL 0011/2016-RCA

Señalaron que, al ser notificados con el informe SAM-UFP 419/2013 de 26 de diciembre, emanado por la Fiscal de Actividades Prediales, inició proceso en su contra mediante Auto Inicial de Procedimiento Técnico Administrativo 010/2014 de 2 de enero; cuyo trámite no tomó en cuenta el documento de compra venta presentado más el pago de impuestos de la última gestión y los respectivos planos debidamente aprobados. Además que, se instauró un proceso de usucapión extraordinaria que se encontraría en trámite; empero, Carlos Felipe Terceros Flores, Sub Alcalde del Macro Distrito II “Max Paredes”, emitió la Resolución Administrativa (RA) 133/2014 de 3 de abril, sancionándoles con una multa de Bs18 553,64.- (dieciocho mil quinientos cincuenta y tres bolivianos 64/100), junto a la demolición de 125,36 m², y la legalización del área en 165,26 m², del citado bien inmueble.

Indicaron que, ante esta última Resolución interpusieron recurso de revocatoria, mencionando que no se tomaron en cuenta las pruebas antes referidas y que el bien inmueble es antiguo y rústico; sin embargo, se rechazó el mismo mediante RA 230/2014 de 27 de mayo, fundamentando que, sus personas no adjuntaron documentación probatoria que desvirtué las causales de la sanción; ésta determinación fue objetada mediante recurso jerárquico, con los mismos argumentos antes mencionados, ante la autoridad edil del Municipio mencionado, quien a través de la Resolución Jerárquica Ejecutiva 928/2014 de 26 de diciembre, confirmó de manera ilegal toda la tramitación del proceso administrativo; por lo que, denunciaron que en su contenido se volvieron a elaborar varios informes falsos, y además no se señaló cuál fue la supuesta infracción. Con ese actuar las autoridades ahora demandadas quebrantaron sus derechos y principios constitucionales, debido a que no recibieron ninguna compensación por el Estado de una parte del inmueble, sino más bien una sanción.