SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0057/2016-S1
Fecha: 14-Ene-2016
a)
Raúl Marcelo Miranda Guerrero, Administrador Aduana Frontera Yacuiba de la Gerencia Regional Tarija de la ANB, manifestó que: a) La Constitución Política del Estado establece claramente que, se debe verificar si evidentemente existió la vulneración de los derechos y garantías denunciados; b) El procedimiento de las importaciones de mercadería de mínima cuantía, está regulado por la Resolución de directorio 0110, ratificado por el art. 33 del Reglamento de la Ley de Aduana; c) En la tranca de Campo Pajoso, se realizó la intervención del camión, donde el chofer presentó la documentación en original de la mercadería transportada, a ese efecto, los personeros encargados del control de las DUIS, realizaron la verificación física de la mercadería y se hizo la retención y comiso de la misma, porque no coincidieron la fecha de fabricación de la harina (18 de mayo de 2015) con la factura de compra de ese producto (18 de junio de 2015), ante ese hecho, se realizó el proceso por contrabando contravencional, conforme establece el art. 181 inc. b) del Código Tributario Boliviano (CTB); d) Los ahora accionantes, presentaron sus pruebas de descargo y asumieron defensa; posteriormente a la emisión del informe técnico se dictó la Resolución Sancionatoria, debido a que la documentación presentada, no coincidió con la mercancía comisada; e) La naturaleza de la acción de amparo constitucional, es subsidiaria conforme la amplia jurisprudencia, siendo que los accionantes no agotaron los recursos que la ley les otorga, como establecen los arts. 143 y 144 del CTB; y, f) El Tribunal de garantías, no puede valorar pruebas, sólo avocarse a verificar si se vulneraron o no derechos y garantías constitucionales.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.6.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1.Sobre los principios ético morales de la sociedad plural y los valores que sustenta el Estado boliviano
- III.2. De la acción de amparo constitucional
- III.3. Del principio de verdad material e impulsó de oficio en los procedimientos administrativos
- la verdad material: «es aquella que busca en el procedimiento administrativo, el conocimiento de la realidad, de esa verdad, en la acepción latina del término veritas: lo exacto, riguroso. No permite contentarse con el mero estudio de las actuaciones sino que deben arbitrarse los medios por los cuales, al momento del dictado de la decisión, se conozcan todas aquellas cuestiones, permitiendo así el conocimiento exacto o lo más aproximado a los hechos que dieron origen al procedimiento»
- la administración pública investigará la verdad material, en virtud de la cual, la decisión de la Administración debe ceñirse a los hechos y no limitarse únicamente al contenido literal del expediente, incluso más allá de lo estrictamente aportado por las partes, siendo obligación de la administración la averiguación total de los hechos, no restringiendo su actuar a simplemente algunas actuaciones de carácter administrativo formal que no son suficientes para asumir decisiones
- la verdad material como la impulsión de oficio son principios básicos del procedimiento administrativo, su alcance rompe con la suficiencia de la verdad formal estancada en ritualismos procesales y formales, limitada a descansar en la actividad desarrollada por la parte o partes, que en muchos casos no desentrañan la verdad de los hechos, con lógica de la imposibilidad de alcanzar una justicia material, fin último que persigue la verdad material.
- su alcance cobra relevancia al orientarse hacia la búsqueda de la verdad, ya no sólo formal, sino material, esta finalidad importa una ruptura en los esquemas tradicionales que rigen a la actividad administrativa y un cambio de comportamiento de sus actores, fundamentalmente con relación a la administración pública y sus órganos encargados de dirigir los procesos administrativos, pues descarta toda actitud pasiva por parte del administrador, quien influido de este principio rector, ya no puede ser un simple espectador de la actividad administrativa.
- la administración pública y sus órganos, en los procesos administrativos, tienen la obligación y responsabilidad, de dirigir el procedimiento administrativo, de ordenar que en él se practiquen cuantas diligencias sean necesarias para resolver y dictar la resolución final, independientemente de las gestiones y actividad del administrado; lo contrario supone dejar de lado la verdad material que por una ausencia de actividad e impulso, puede quedar subsumida en rigorismos procesales o en una pasividad de la administración que quiebra los postulados constitucionales de verdad y justicia material.
- que no son conducentes con el contenido del principio de verdad material la pasividad de la administración que pretenda encontrar justificativo en la inactividad o negligencia de la parte,
- III.4. Sobre el derecho al debido proceso
- a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra sí mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; el principio del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones
- III.4.1. Del derecho a la defensa
- III.5. Análisis del caso concreto
- toda vez que, al ser la mercancía comisada un producto perecedero (harina) con fecha de vencimiento 12 de diciembre de 2015, plantearon de forma directa la presente acción de amparo constitucional, acogiéndose a la excepción al principio de subsidiariedad; sobre el particular, la jurisprudencia constitucional, a través de diferentes fallos, estableció que en los casos en los cuales se encuentren involucrados productos que por su naturaleza sean perecederos, se debe realizar la excepción del principio de subsidiariedad, a fin de que no se produzca un daño irreparable, lo que conlleva a que no se plantee los recursos previstos por ley, y se pueda acudir de forma directa a la instancia constitucional en busca de tutela.
- siendo obligación de la administración la averiguación total de los hechos, no restringiendo su actuar simplemente a algunas actuaciones de carácter administrativo formal que no son suficientes para asumir decisiones
- CONFIRMAR