SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0057/2016-S1
Fecha: 14-Ene-2016
III.5. Análisis del caso concreto
En la presente acción de amparo constitucional venida en revisión, los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la “seguridad jurídica”; por parte del Administrador de la Aduana Frontera de Yacuiba de la Administración Regional Tarija de la ANB, quien emitió la Resolución Sancionatoria por contrabando contravencional YACTF-RC-0017/2015, determinando el comiso definitivo de los sacos de y/o bolsas de harina de trigo de procedencia Argentina, sin tomar en cuenta que hubo un error humano en la consignación del mes de elaboración asentada en el envase de la harina (18 de mayo de 2015) con el descrito en la factura emitida en Argentina (18 de junio del mismo año), asimismo, no tomó en cuenta la verdad material como ser las fotográficas el cual demostraron que no realizaron ningún ilícito de contrabando.
De los antecedentes del expediente, se colige que el 30 de junio de 2015, los funcionarios del COA, en el puesto de control de Campo Pajoso, secuestraron el camión marca volvo, que transportada en su interior sacos y/o bolsas de harina de trigo de procedencia Argentina, indicando en el Acta de comiso que la fecha de elaboración (18 de junio de 2015) consignadas en las DUI, no coincidieron con la fecha establecida en el producto (18 de mayo de 2015).
A ese efecto, el 24 de julio de 2015, la Administradora de la Aduana Frontera Yacuiba a.i. de la Gerencia Regional Tarija de la ANB, emitió la Resolución Sancionatoria YACTF-RC-0017/2015, dentro el operativo denominado “CAMPO PAJOSO 117/15”, resolviendo declarar probada la comisión de contravención aduanera de contrabando contra Navor Gómez Padilla y Reyna Callejas Velásquez, la última representante legal de los accionantes; en consecuencia, el comiso definitivo de la mercancía descrita en el acta de intervención COARTRJ-C-0447/2015, disponiendo su adjudicación a favor del Ministerio de la Presidencia o Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, previa certificación de la autoridad competente, conforme establece el art. 192 del CTB.
Producto de la emisión de la Resolución Sancionatoria, los accionantes mediante su representante legal el 28 de julio de 2015, presentaron memorial, solicitando aclaración y enmienda, misma que fue respondida a través del proveído de 4 de agosto de similar año, señalando que: “Queda plenamente demostrado que en ningún momento se violó los derechos y garantías comprendidos a la defensa y por ende al debido proceso como se pretende señalar, ya que con todos los antecedentes señalados se demuestra que se aplicó sólo la normativa aduanera vigente, que el recurrente fue procesado con normas establecidas previamente y de ninguna manera se aplicó el procedimiento de manera irregular o con normas posteriores, siendo todo lo contrario, ya que durante el proceso está Administración observó a cabalidad el derecho aduanero vigente como los principios de la Función Aduanera que señala el art. 2 del Decreto Supremo 25870” (sic), advirtiendo la parte in fine del proveído, que existen las vías legales de impugnación, Conclusión II.6 del presente fallo.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.6.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1.Sobre los principios ético morales de la sociedad plural y los valores que sustenta el Estado boliviano
- III.2. De la acción de amparo constitucional
- III.3. Del principio de verdad material e impulsó de oficio en los procedimientos administrativos
- la verdad material: «es aquella que busca en el procedimiento administrativo, el conocimiento de la realidad, de esa verdad, en la acepción latina del término veritas: lo exacto, riguroso. No permite contentarse con el mero estudio de las actuaciones sino que deben arbitrarse los medios por los cuales, al momento del dictado de la decisión, se conozcan todas aquellas cuestiones, permitiendo así el conocimiento exacto o lo más aproximado a los hechos que dieron origen al procedimiento»
- la administración pública investigará la verdad material, en virtud de la cual, la decisión de la Administración debe ceñirse a los hechos y no limitarse únicamente al contenido literal del expediente, incluso más allá de lo estrictamente aportado por las partes, siendo obligación de la administración la averiguación total de los hechos, no restringiendo su actuar a simplemente algunas actuaciones de carácter administrativo formal que no son suficientes para asumir decisiones
- la verdad material como la impulsión de oficio son principios básicos del procedimiento administrativo, su alcance rompe con la suficiencia de la verdad formal estancada en ritualismos procesales y formales, limitada a descansar en la actividad desarrollada por la parte o partes, que en muchos casos no desentrañan la verdad de los hechos, con lógica de la imposibilidad de alcanzar una justicia material, fin último que persigue la verdad material.
- su alcance cobra relevancia al orientarse hacia la búsqueda de la verdad, ya no sólo formal, sino material, esta finalidad importa una ruptura en los esquemas tradicionales que rigen a la actividad administrativa y un cambio de comportamiento de sus actores, fundamentalmente con relación a la administración pública y sus órganos encargados de dirigir los procesos administrativos, pues descarta toda actitud pasiva por parte del administrador, quien influido de este principio rector, ya no puede ser un simple espectador de la actividad administrativa.
- la administración pública y sus órganos, en los procesos administrativos, tienen la obligación y responsabilidad, de dirigir el procedimiento administrativo, de ordenar que en él se practiquen cuantas diligencias sean necesarias para resolver y dictar la resolución final, independientemente de las gestiones y actividad del administrado; lo contrario supone dejar de lado la verdad material que por una ausencia de actividad e impulso, puede quedar subsumida en rigorismos procesales o en una pasividad de la administración que quiebra los postulados constitucionales de verdad y justicia material.
- que no son conducentes con el contenido del principio de verdad material la pasividad de la administración que pretenda encontrar justificativo en la inactividad o negligencia de la parte,
- III.4. Sobre el derecho al debido proceso
- a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra sí mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; el principio del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones
- III.4.1. Del derecho a la defensa
- III.5. Análisis del caso concreto
- toda vez que, al ser la mercancía comisada un producto perecedero (harina) con fecha de vencimiento 12 de diciembre de 2015, plantearon de forma directa la presente acción de amparo constitucional, acogiéndose a la excepción al principio de subsidiariedad; sobre el particular, la jurisprudencia constitucional, a través de diferentes fallos, estableció que en los casos en los cuales se encuentren involucrados productos que por su naturaleza sean perecederos, se debe realizar la excepción del principio de subsidiariedad, a fin de que no se produzca un daño irreparable, lo que conlleva a que no se plantee los recursos previstos por ley, y se pueda acudir de forma directa a la instancia constitucional en busca de tutela.
- siendo obligación de la administración la averiguación total de los hechos, no restringiendo su actuar simplemente a algunas actuaciones de carácter administrativo formal que no son suficientes para asumir decisiones
- CONFIRMAR