SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0936/2016-S1

En el proceso ejecutivo planteado por José Alfredo Noya Lambertín en representación de María Margoth Hinojosa Saavedra contra Tito Said Barzola Martínez, el Juez Décimo Primero de Instrucción en lo Civil y Comercial -ahora Juez Público- del departamento de Santa Cruz, que conoció esta causa, pronunció la Sentencia de 6 de noviembre de 2010, disponiendo que el demandado pague los daños y perjuicios ocasionados, así como los alquileres reclamados, por parte del demandante.

Una vez ejecutoriada esa decisión, mediante Auto de 4 de enero de 2013, se señaló audiencia para el 22 de febrero del mismo año, a efecto de realizarse el remate del inmueble embargado de propiedad del demandado, sobre la base de su valor catastral, adjudicándose este bien a su favor, por la suma de             Bs280 000.- (doscientos ochenta mil bolivianos). A solicitud de éste, el Juez de la causa, a través de Resolución de 21 de marzo de 2013, declaró ejecutoriada el acta de remate y trámites consiguientes.

Toda la tramitación del indicado proceso civil, se sujetó a normas procesales respectivas, cuyos actuados emergentes de la misma fueron citados y notificados legalmente al demandado, incluido los de remate del inmueble; sin que se hubiere planteado la nulidad contra ellos, dentro del plazos legales. Bajo este antecedente, el Juez Público Civil y Comercial Primero del departamento de Santa Cruz, al emitir el Auto de Vista 20/15 de 7 de diciembre de 2015 y el Auto complementario de 16 de febrero de 2016, anulando obrados dentro del referido proceso civil de hecho, incurrió en flagrante atentado contra sus derechos fundamentales.