AUTO CONSTITUCIONAL 0352/2016-RCA

De la compulsa de los antecedentes que informan el expediente, se tiene que dentro del proceso ejecutivo seguido por Rudy Alberto Vargas Revollo contra Benedicto Mollo Altamirano y Margarita Quispe de Mollo, el Juez Público Civil y Comercial Sexto del departamento de La Paz, mediante Resolución 226/2015 (fs. 810 a 816 vta.) dispuso el desapoderamiento del inmueble y ante la explicación, complementación y enmienda solicitada por Hernán Tapia Balboa en representación de Benedicto Mollo Altamirano, la mencionada autoridad, emitió el Auto de 18 de noviembre de 2015 (fs. 820 a 822), complementado entre otros, que la Resolución mencionada y los actuados pertinentes sean notificados a los actuales ocupantes y poseedores -si los hubiera- del inmueble señalado a desapoderar; constando a fs. 850 de la foliación original, la notificación a Jorge Gutiérrez Clavijo por Mamerto y Pedro Paulo ambos Mollo Quispe, con el memorial de explicación y complementación referido y los Autos de 18 y 19 de noviembre de 2015. En consecuencia a fs. 853, cursa el mandamiento de desapoderamiento del inmueble, librado el 8 de abril de 2016 y el acta de 15 del citado mes y año, en el que consta que se hicieron presentes en dicho acto Ovidio Mamani Mollo, Victor Ángel Mollo Gonzales, Benedicto Mollo Altamirano, Amalia Mollo (hija) y los esposos Katya Verastegui y Guillermo Martín Mollo Quispe, David Hilaya (primo) y otros familiares que no quisieron identificarse (fs. 854 y vta.).

De la revisión del memorial de interposición de la presente acción tutelar y el de subsanación, los accionantes señalan que el acto lesivo es el hecho que el Oficial de Diligencias del Juzgado Público Civil y Comercial Sexto del departamento de La Paz, no dio cumplimiento a lo dispuesto por el Juez de la causa, en sentido que debió notificarse con la Resolución 226/2015 y actuados pertinentes a los actuales ocupantes y poseedores -si los hubiera- del inmueble a desapoderar, pues al no ser notificados con la emisión y ejecución del mandamiento de desapoderamiento expedido por la autoridad demandada, alegan que en su calidad de terceros interesados, les causó indefensión en el proceso, ya que su inmueble fue afectado; sin embargo, se establece que a momento de tener conocimiento del acto que consideran ilegal, los accionantes previamente a acudir a la jurisdicción constitucional debieron denunciar dichos actos a la misma autoridad judicial, con el fin de darle la oportunidad de pronunciarse y así poder restituir los derechos que alega como vulnerados, en caso de no hacerlo, recién corresponde acudir a  la vía constitucional, situación que se configura como una causal de improcedencia reglada, prevista en el art. 53.3 del CPCo y en la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico II.2. del presente Auto Constitucional, por no haber agotado con carácter previo los mecanismos intra procesales existentes en la jurisdicción ordinaria.