SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1017/2016-S1

La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 24 de 22 de julio de 2016, cursante de fs. 40 a 42, denegó la tutela solicitada; sobre la base de los siguientes fundamentos: i) El Tribunal de garantías no puede valorar pruebas o elementos, pues esta facultad es propia de un tribunal ordinario; ii) El accionante no explicó cómo se habría vulnerado su derecho al trabajo por parte de la autoridad demandada, limitándose a efectuar una simple relación de hechos, pretendiendo que el Tribunal de garantías revalore elementos como si fuera un tribunal ordinario;       iii) La Ley Orgánica del Ministerio Público faculta a los fiscales encargados de la investigación y a los departamentales, poder desestimar una denuncia cuando la consideren atípica; iv) El Fiscal Departamental demandado, ratificó y dio por válidos los argumentos del Fiscal de Materia; pues la naturaleza de la relación contractual establecida entre el accionante y los terceros interesados es de índole civil, al tratarse de un contrato de obra; v) Si bien, se constata incumplimiento por parte de los contratantes respecto a una obligación pactada en el señalado contrato de obra, no se advierte como es que la autoridad demandada pudo vulnerar el derecho al trabajo del peticionante de tutela; quien en ningún momento demandó la falta de valoración de la prueba o la ausencia de motivación o fundamentación en la Resolución emitida por dicha autoridad; y, vi) La jurisdicción constitucional no puede determinar si el contrato de obra debe ser sometido a un proceso civil, laboral o penal, siendo un aspecto que deberá ser resuelto por la jurisdicción ordinaria.