SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1073/2016-S1

Los valores cumplen el rol de orientar la conducta y el comportamiento de todos los estantes y habitantes dentro del territorio nacional, tienen el propósito fundamental de implantar el ‘vivir bien’. De no aplicarse éstos y al quedar sólo en el texto de la Constitución, sin que sean patrones y paradigmas de comportamiento para sus destinatarios y guía de los actos jurisdiccionales para los administradores de la justicia, correrían el riesgo de quedar en el simple enunciado; por cuanto, su existencia sería meramente formal. En consecuencia, la vida cotidiana de los habitantes y fundamentalmente los actos ejercidos por los órganos encargados de administrar la justicia, deben estar inclinados también a los principios de la sociedad plural.

Los fines y funciones esenciales señalados, comprometen al Estado a garantizar e implantar la justicia, armonía, no discriminación, no explotación, desarrollo, seguridad, respeto e igualdad, entre otros, cuyo propósito es también establecer el ‘vivir bien’ entre los habitantes del territorio nacional.

De manera genérica, es menester precisar algunos derechos fundamentales previstos en la Sección Primera, Capítulo Segundo de la Constitución Política del Estado; así, los artículos que se citan a continuación hacen referencia a los siguientes derechos: 15.I, derecho a la vida; 16.I, derecho al agua y a la alimentación; 17, derecho a la educación; 18.I, derecho a la salud; 19.I, derecho a un hábitat y vivienda; entre otros.

Los niños, niñas y adolescentes conforme prevé el art. 58 de la CPE, son titulares de todos estos y otros derechos; es decir, el constituyente instituyó que con carácter preferente los menores sean privilegiados en la aplicación de ellos, tal argumentación permite sostener que, principalmente los administradores de la justicia, a momento de aplicar e interpretar las normas -en aquellos casos donde estén comprometidos intereses de menores- deben hacerlo en la medida que les sea lo más favorable y menos gravoso posible para ellos; dicha comprensión se extrae de la misma Norma Suprema, cuando el art. 60, instituye: ‘Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado’.

En concreto, los valores, principios y derechos reconocidos en la Norma Suprema, deben aplicarse con preferencia en favor de los niños, niñas y adolescentes. El Estado debe tomar mecanismos apropiados que signifiquen una efectiva garantía para el ‘vivir bien’ de los menores. En ese sentido, los administradores de la justicia inexcusablemente deben velar y proteger los intereses de los menores, ello significa que a momento de interpretar o aplicar la norma, deben inclinarse por lo más favorable para la garantía de los derechos reconocidos a favor de los niños, niñas y adolescentes”.