SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1111/2016-S2

El Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, el 14 de diciembre de 2015, le inició proceso administrativo, sin especificar el quebrantamiento del ordenamiento jurídico en el cual hubiese incurrido para que ameritase dicho proceso, emitiendo la Resolución 07/2015 de 8 de enero de 2016, declarando probada la contravención e imponiéndole la sanción de destitución. Contra tal determinación planteó recurso de revocatoria, pero a través de la Resolución 08/2015 de 27 de enero de 2016, se ratificó la determinación de destitución; interpuesto el recurso jerárquico, el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija por Resolución de Recurso Jerárquico 01/2016 de 19 de febrero, mantuvo subsistente la responsabilidad administrativa, modificando la sanción a la de suspensión por treinta días sin goce de haberes.

El art. 235 de la Constitución Política del Estado (CPE), establece las obligaciones para el ejercicio de la función pública, habiendo cumplido a cabalidad las inherentes a su cargo; sin embargo, se le inició proceso administrativo, en el que debía demostrarse cuál es la conducta que se le exigió, y cuál es la conducta que realizó, pues al no existir ningún memorando o asignación de funciones, mal puede exigírsele que cumpla con obligaciones que no se le establecieron por escrito; el Juez Sumariante previamente debió establecer cuáles eran sus responsabilidades otorgadas por escrito, para luego establecer qué normativa vulneró; además, establecer cuáles son los procedimientos del Departamento de Catastro y de qué forma se contravino.

No se valoró la prueba de descargo presentada, que demostró que no existió ningún daño económico al Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, y en fecha 6 de octubre de 2015, se procedió a la modificación y rectificación de los datos técnicos erróneos de la gestión 2014, del Código Catastral 5-2-37-0-0-0, que no existió mala fe en su proceder y que el contribuyente pagó la gestión rectificada, actuación que de ninguna manera ocasionó daño económico al Estado.

El Juez Sumariante violentó las normas del debido proceso al tomar declaraciones testificales en su ausencia; vulneró su derecho a la defensa técnica; puesto que, no fue notificado para prestar su declaración ni fue asistido de un abogado defensor, para que ofrezca prueba y asuma defensa técnica; por otra parte, la actual y ex Juez Sumariantes y el Alcalde Municipal lesionaron el principio de fundamentación y congruencia en las Resoluciones que dictaron porque no indicaron cuáles son los procedimientos aprobados y las contravenciones del ordenamiento jurídico vigente, además atentaron contra el principio de proporcionalidad, porque a pesar de no existir manual de procedimientos, que el contribuyente pagó impuestos y no existió un daño económico al Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, desconociendo que su actuación fue de buena fe para corregir un error, le sancionaron al imponerle la pena más grave, afectando su derecho al trabajo; la Resolución Ministerial 576/15 de 25 de agosto de 2015, dejó sin efecto los reglamentos internos, que al aplicarle se vulneró el principio de legalidad.