SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1262/2016-S3

Los accionantes a través de su abogado ratificaron el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo, señalaron que: a) El objetivo de la presente acción tutelar no es incidir en cuestiones agrarias que serán resueltas en sede administrativa del INRA, asimismo, se busca respuesta a sus diecisiete memoriales presentados desde el 2013, cuyos originales cursan en obrados; b) El proceso agrario está en su última etapa y ninguno de los memoriales interpuestos se encuentran en la carpeta, habiéndose limitado los derechos a la defensa y a la igualdad de las partes en sede administrativa; c) Se vulneró la Constitución Política del Estado, y se desconoció el Decreto Supremo 29215 de 2 de agosto de 2007, que de manera textual refiere que se debe brindar la información transparente en todo momento, extremo que no ocurrió en el proceso administrativo ante el INRA, disposición normativa que es concordante con el art. 16 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA); y, d) No existe una carpeta debidamente foliada y armada cronológicamente conforme dispone el art. 23 de la referida Ley.

En uso de su derecho a la réplica indicaron que de la revisión de la hoja de ruta 2944 presentada como prueba de descargo, el memorial no fue remitido a ningún lado, pues una hoja de ruta no puede ser considerada como respuesta, es solo una constancia interna de remisión, además, que no existe ninguna notificación a la Comunidad Sora.

La SC 1068/2010-R de 23 de agosto, sobre la naturaleza del derecho de petición y los ámbitos en los que se vulnera el mismo, estableció que: "La Constitución Política del Estado actual ha ubicado a este derecho en el    art. 24, dentro de la categoría de los derechos civiles, pues se entiende que parten de la dignidad de las persona entendiendo que cuando se aduzca el derecho de petición, la autoridad peticionada, ya sea dentro de cualquier trámite o proceso, éste tiene el deber respecto al u otros individuos de responder en el menor tiempo y de forma clara. En resumen las autoridades vulneran el derecho de petición cuando: a) La respuesta no se pone en conocimiento del peticionario; b) Se presenta la negativa de recibirla o se obstaculiza su presentación; c) Habiéndose presentado la petición respetuosa, la autoridad no la responde dentro de un plazo razonable; y, d) La solicitud no es atendida de manera clara, precisa, completa y congruente con lo solicitado" (las negrillas nos pertenecen).

Posteriormente, precisando el alcance del derecho de petición e integrando la jurisprudencia constitucional al respecto, la SCP 0273/2012 de 4 de junio, concluyó que: “Respecto al núcleo esencial del derecho a la petición, conforme a las SSCC 1742/2004-R y 0684/2010-R, reiteradas por la SCP 0085/2012, mínimamente comprende los siguientes contenidos: a) La petición de manera individual o colectiva, escrita o verbal aspecto que alcanza a autoridades públicas incluso incompetente pues '…ésta tiene la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario…' (SC 1995/2010-R de 26 octubre), órganos jurisdiccionales (SSCC 1136/2010-R y 0560/2010-R) o a particulares (SCP 0085/2012); y, b) La obtención de una respuesta, ya sea favorable o desfavorable, aun exista equivocación en el planteamiento de la petición (SC 0326/2010-R de 15 de junio), debiendo en su caso indicarse al peticionante la instancia o autoridad competente para considerar su solicitud (SC 1431/2010-R de 27 de septiembre). Por otra parte y en este punto debe considerarse el art. 5.I de la CPE, que reconoce la oficialidad de treinta y seis idiomas y que ante una petición escrita, la respuesta también debe ser escrita (SC 2475/2010-R de 19 de noviembre); c) La prontitud y oportunidad de la respuesta (SSCC 2113/2010-R y 1674/2010-R) debiendo notificarse oportunamente con la misma al peticionante (SC 0207/2010-R de 24 de mayo); y, d) La respuesta al fondo de la petición de forma que resulte pertinente, debiendo efectuarla de manera fundamentada (SSCC 0376/2010-R y 1860/2010-R) por lo que no se satisface dicho derecho con respuestas ambiguas o genéricas (SC 0130/2010-R de 17 de mayo)”.