Los suscritos Magistrados, expresan su voto disidente con la Declaración Constitucional Plurinacional (DCP) 0162/2016 de 14 de diciembre, en base a los siguientes argumentos jurídicos constitucionales:

El art. 286 de la CPE establece que: “(…) II. En caso de renuncia o muerte, inhabilidad permanente o revocatoria de la máxima autoridad ejecutiva de un gobierno autónomo, se procederá a una nueva elección, siempre y cuando no hubiere transcurrido la mitad de su mandato. En caso contrario, la sustituta o sustituto será una autoridad ya electa definida de acuerdo al estatuto Autonómico o Carta Orgánica según corresponda”.

Respecto a la revocatoria de mandato y existiendo varios preceptos constitucionales que regulan este instituto, debe aplicarse la norma especial sobre la general; al respecto el art. 240.II, que forma parte de las normas avocadas a esta materia, señala que la revocatoria de mandato, procede después de haber transcurrido la mitad del mandato de la autoridad electa, y según el parágrafo V del mismo precepto, una vez ejecutado este proceso electoral, el afectado cesa inmediatamente en su cargo, debiendo ser sustituido por una autoridad ya electa, definida con antelación en la Carta Orgánica, quien asumirá la función hasta la conclusión del mandato constitucional previsto originalmente para la autoridad revocada en condición de titular de la función y no como interino o suplente de la autoridad revocada; en consecuencia en este caso, no corresponde una nueva elección” (DCP 0021/2014 de 12 de mayo) (las negrillas son nuestras).

En consecuencia se entiende que transcurrida la mitad del mandato del Alcalde Municipal y de producirse su ausencia definitiva, asumirá éste cargo un “sustituto” hasta la conclusión del mandato constitucional correspondiente; sin embargo esto no implica un interinato que denota la asunción temporal o transitoria del cargo, aspecto que fue establecido en el art. 18.II del proyecto de COM de Pampagrande y que debió ser observado mediante la DCP 0162/2016.