SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1486/2016-S3

Por la literal adjunta, acreditó ser propietario del “Centro de Diversión y/o Jarana Vid Disco” con Padrón Municipal de Funcionamiento 001453 emitido el 21 de septiembre de 2013 con validez hasta finales de 2017, pero por una serie de actos irregulares ocasionados en su contra por la administración municipal y la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de Riberalta, se vio forzado a dar de baja su licencia de funcionamiento el 24 de mayo de “2017” -siendo lo correcto 2016-; posteriormente, “…su esposa [Belinda Iriarte Sánchez] inició los trámites para obtener otra licencia de funcionamiento, lamentablemente pese a haber cumplido con todas las exigencias de ley, no prosperó dicho trámite…” (sic); procediendo la Directora de Administración de Servicios y Seguridad Ciudadana -hoy codemandada-, el 3 de julio de 2016 a pegar precintos de clausura en el citado establecimiento y el 31 de igual mes y año, juntamente con un grupo de efectivos policiales, desalojaron a toda la concurrencia supuestamente en cumplimiento a la Resolución Administrativa (RA) 023/2016 de 14 de junio, que a decir del accionante, jamás le fue notificada, además que el número de Padrón Municipal de Funcionamiento señalado en la misma no coincidía con el que correspondía a su propiedad.

La Directora de Administración de Servicios y Seguridad Ciudadana de la entidad municipal antes mencionada -hoy codemandada- nunca precisó los motivos de hecho y de derecho que motivaron un proceso administrativo en su contra, el mismo que se hubiese iniciado a sugerencia de la Asesoría General de Asuntos Jurídicos de esa entidad municipal, sosteniendo que en ningún momento se le notificó con el inicio formal del proceso administrativo sancionador en su contra.