SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0187/2016-S1

El accionante denunció la presunta lesión a sus derechos a la igualdad, al debido proceso, al principio de legalidad, a la valoración de la prueba, a los principios de verdad material, al deber de motivación y fundamentación, aduciendo que cuando fungía como Alcalde Municipal de San Lorenzo, ordenó la elaboración de un PDM, el que una vez elaborado, socializado y validado, fue remitido antes de la conclusión de su gestión, al Concejo Municipal de San Lorenzo, para su aprobación, haciendo lo mismo el nuevo Alcalde, lo que no se concretizó debido a observaciones de dicho Órgano Municipal, no obstante que los Programas Operativos Anuales (POAs) de 2010 a 2012 fueron aprobados en base a dicho documento; empero, la Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia, le notificó con un informe de auditoría preliminar, donde excluyendo de toda responsabilidad de su sucesor, quien tuvo similar participación, le atribuyeron indicios de responsabilidad civil por Bs1 858 664,53.- por una supuesta falta de aprobación y aplicación del indicado PDM, sujeto a la aplicación del art. 77 inc. i) de la LSCF; a partir de lo cual, el Contralor General del Estado a.i. emitió el Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-021/2015 de 13 de agosto, limitándose a citar como sustentos los informes, sin efectuar una correcta valoración de las pruebas y faltando a la verdad material, señalando que los documentos y argumentos presentados, no constituyen descargos válidos; por lo que, se encuentra ante un inminente proceso coactivo fiscal, donde se pretende hacer valer como prueba preconstituida, los actuados y dictamen emitidos en total vulneración a sus derechos.