SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0251/2016-S1

De todo lo mencionado, se tiene que la línea jurisprudencial relativa a la revisión de la actividad de otros tribunales por parte de la justicia constitucional ha avanzado en términos evolutivos hasta consolidar la noción que la interpretación de la legalidad infra constitucional le corresponde a los tribunales de justicia y no a la justicia constitucional; sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la Norma Suprema, excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad desarrollada en miras a brindar tutela. De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma importancia: i) Las autoridades de los otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa) en realidad ejercen al igual que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución e irradia a todo el ordenamiento jurídico; por ello a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido hablar de «legalidad ordinaria», pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución y su labor interpretativa parte de la misma; ii) La noción de «reglas admitidas por el Derecho» rescatando una posición teórica decimonónica no agota las posibilidades hermenéutico - argumentativas de las autoridades judiciales, por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas, pueden resultar útiles en la obtención de un resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras de satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la Constitución; iii) La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y, iv) Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa - argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces.

Presupuestos que en el presente caso no fueron cumplidos por la accionante, porque si bien expresa los derechos que presuntamente fueron vulnerados, omite: i) Fundamentar porque la labor interpretativa es insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica; ii) Establecer el nexo de causalidad entre las afectaciones cuestionadas y la labor interpretativa efectuada; y, iii) Determinar cómo es que la ausencia de motivación, arbitrariedad generada por una interpretación inadecuada dañaron sus derechos a la propiedad privada, al debido proceso, a la defensa, a la igualdad jurídica de las partes, al acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva; dando lugar a la imposibilidad de analizar la labor jurisdiccional realizada por las autoridades judiciales demandadas.

Mientras que en lo que respecta a las supuestas lesiones de derechos causadas por Faustina Vallejos Vásquez, al presuntamente actuar con deslealtad y en base a falsedades en el proceso de anulabilidad de contrato y cancelación de certificaciones, no puede considerarse como violación de derechos; dado que ello en un inicio era una mera pretensión, que de acuerdo a la naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional no causa una violación directa de los derechos observados como lesionados; más aún cuando lo pretendido debía ser resuelto dentro de un debido proceso, en el cual hasta antes de la Resolución no existía una decisión final; misma que si bien posteriormente se dictó no puede ser entendida como una aplicación de la demanda; sino como un resultado del proceso de anulabilidad de contrato y cancelación de registros; puesto que, de lo contrario, no sería necesario la participación de autoridad judicial alguna.