SENTENCIA CONSTITUCiONAL Plurinacional 0291/2016-S2
Fecha: 23-Mar-2016
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del fenecido proceso sumario de reconocimiento de unión conyugal libre o de hecho interpuesto en contra de Pablo Aquiles Andia Mora, el demandado respondió a la misma en forma negativa, prosiguiéndose con la tramitación de la causa recibiéndose la prueba testifical de cargo, descargo; inspección judicial; literal y confesión provocada, cuyo periodo probatorio objetó debido a que concluyó con una Sentencia y posterior Auto de Vista cuya valoración fue sesgada y parcializada, con evidente error de hecho y de derecho a favor del demandado por ser Juez Segundo de Partido en lo Civil y Comercial del departamento de Pando, e inexistente en segunda instancia; no obstante, de que éstas tienen la fuerza probatoria otorgada por los arts. 399, 1296, 1297, 1320, 1330 del Código Civil (CC) y 476, 477 del Código de Procedimiento Civil (CPC); denunciando además que la emisión de la Sentencia, Auto de Vista y Auto Supremo se efectuó fuera de los términos legales que debieron ser acatados, merced a lo cual las autoridades demandadas inclusive habrían perdido competencia.
La Jueza Primero de Instrucción de Familia del mismo departamento, en Sentencia de primera instancia extraño no haberse dado parte a la Fiscalía sobre el extremo de haberla alejado del hogar a la accionante; es decir, de la casa que ambos habitaban, prueba que fue rechazada y no se admitió para dictar sentencia, irregularidades que hacen pensar por qué no se ingresó a valorar esa prueba contundente, poniéndose en tela de juicio la imparcialidad de la operadora de justicia, denotándose notoria parcialización en favor del demandado.
El Auto de Vista de 20 de febrero de 2015, pronunciado por el Juez Primero de Partido en lo Civil del departamento de Pando, confirmó totalmente la Sentencia apelada, bajo el argumento de que la prueba fue valorada en armonía, restando todo valor a la prueba de cargo presentada, existiendo una especie de acuerdo entre Jueces y Vocales.
El 22 de junio de 2015, la Sala Civil, Familiar Social, del Niño Niña y Adolescente del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, pronuncio Resolución que declaró infundado íntegramente el recurso. Con referencia a la inspección judicial, los vocales señalan que la accionante tenía todos los medios legales a su alcance para anticipar la prueba de inspección judicial; sin embargo, ella no era adivina para saber que el día de la audiencia no se podría ingresar al referido domicilio, precisando que la inspección se encontraba tendiente a demostrar donde guardaba su ropa, y que todavía se encontraban en ese inmueble algunos objetos y enseres personales.
En la Sala Civil del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, debiendo el vocal Ponciano Ruiz Quispe, presentar proyecto de resolución una vez efectuado el sorteo del expediente, se procedió a la devolución irregular del mismo a la Sala Civil ya compuesta por dos Vocales, pues ante la ausencia del vocal René Rojas Bonilla se lo convocó a los fines de conformar Sala; habiéndole correspondido por sorteo pronunciarse a dicha autoridad, quien conforme certificación de Secretaría de Cámara, el Vocal Relator sobrepasó los treinta días para la presentación del respectivo proyecto de resolución, ante el extremo denunciado se hubiera perdido incluso competencia, careciendo por lo mismo el Auto Supremo de valor legal.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- denegó
- II.3.
- III.
- Fragmento 7
- III.1. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional
- ‘La acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los derechos y garantías, al constituirse un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto tampoco otorgar la tutela’
- III.2.
- III.2.1. De la legalidad ordinaria
- atendiendo a que la jurisdicción constitucional sólo puede analizar la interpretación efectuada por los jueces y tribunales ordinarios cuando se impugna tal labor como irrazonable, es necesario que el recurrente, en su recurso, a tiempo de cuestionar la interpretación de la legalidad ordinaria: 1. Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo, y 2. Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada; dado que sólo de esta manera la problemática planteada por el recurrente, tendrá relevancia constitucional”
- 3) Establezca el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, por no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse, y los derechos y/o garantías que conforman el bloque de constitucionalidad, y que han sido lesionados con dicha interpretación, explicando sí el resultado, cuál la relevancia constitucional’.
- De donde se concluye, extrayendo el dogma jurisprudencial de que si bien es cierto que la jurisdicción constitucional debe respetar el ámbito de atribuciones propias de la jurisdicción ordinaria, es también correcto que cuando se ha quebrado el sistema constitucional, sus dogmas y principios o los derechos fundamentales, es deber del Tribunal Constitucional Plurinacional revisar la interpretación de la legalidad ordinaria efectuada por el juzgador ordinario para resguardar la vigencia material de la Norma Suprema y la materialización de los derechos constitucionales, debiendo a tal efecto, quien pretenda la tutela, cumplir con los presupuestos establecidos doctrinalmente
- III.2.2. Sobre la valoración de la prueba
- En este contexto, el anterior como el actual Tribunal Constitucional Plurinacional, estableció que la valoración de la prueba, en base a los principios antes señalados, se constituía en atribución exclusiva de la jurisdicción ordinaria; no obstante, determinó también que la jurisdicción constitucional podía en ciertos supuestos revisar dicha labor; así, en la SC 0560/2007-R de 3 de julio, sostuvo que: ‘…la valoración de las pruebas, constituye una atribución privativa de los jueces y tribunales ordinarios, y que a través del recurso de hábeas corpus (ahora acción de libertad) no es posible revisar el análisis y los motivos que llevaron a los tribunales ordinarios a otorgar a los medios de prueba determinado valor; dado que ello implicaría revisar la valoración de la prueba realizada en la jurisdicción
- En consonancia con los entendimientos expuestos previamente, la jurisdicción constitucional, manteniendo firmeza respecto a la imposibilidad de analizar la valoración probatoria sin la concurrencia de los presupuestos o subreglas desarrollados doctrinalmente, ha sido constante en exponer que, para que el Tribunal Constitucional Plurinacional pueda ingresar al análisis de la valoración de la prueba, la parte procesal que se considere agraviada con los resultados de la apreciación efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, debe invocar la lesión a sus derechos fundamentales y expresar: ‘Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas (…).
- Entendimientos que fueron analizados, interpretados y reiterados por la SC 0180/2011-R de 11 de marzo, que en base a la doctrina de las autorestricciones (self restrictions), sobre la concesión de tutela en acciones de defensa cuando se reclama valoración de la prueba, estableció que: ‘…esta instancia extraordinaria no puede suplir la valoración probatoria que privativamente compete a los jueces y tribunales ordinarios, pues únicamente debe limitarse a establecer si existió o no lesión a derechos fundamentales, ya sea porque hubo apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir o porque la autoridad competente adoptó una conducta omisiva consistente en no recibir, producir o compulsar prueba inherente al proceso; sin embargo, en todos los casos la competencia de la justicia constitucional se reduce a determinar si la prueba fue o no valorada pero no a establecer como debe ser compulsada y menos a valorarla’.
- De donde se concluye que, la jurisdicción constitucional al no constituirse en una nueva instancia procesal, no puede realizar una nueva valoración de los elementos probatorios aportados por los sujetos procesales, sino que su ámbito de acción ante estos presupuestos, se limita a la verificación que en esa labor, las autoridades jurisdiccionales, no se hayan apartado de los principios del derecho y que sus actos se enmarquen dentro de los límites de la razonabilidad, objetividad y equidad
- En este sentido y en coherencia con lo precedentemente manifestado, no es posible exigir a esta jurisdicción un expreso pronunciamiento respecto a una supuesta falta de motivación, fundamentación y congruencia de un fallo judicial o administrativo, cuando la resolución que se cuestiona como lesiva de derechos y garantías constitucionales, deviene de una supuesta errónea interpretación de la legalidad ordinaria y/o una defectuosa valoración de la prueba, en la que no se ha cumplido con las reglas establecidas mediante la doctrina de las autorestricciones; un razonamiento contrario implica exigirle a la jurisdicción constitucional una actuación materialmente imposible, porque desde ya, la inobservancia de los presupuestos que habilitan a esta jurisdicción para realizar la revisión de la interpretación de la legalidad ordinaria, así como la verificación de la valoración de la prueba, se traducen en esenciales a efectos de la revisión del contenido argumentativo del fallo en cuestión; por cuanto resulta ilógico que, ante el incumplimiento de los presupuestos exigidos para la revisión de la interpretación de la legalidad ordinaria y valoración de la prueba, este tribunal no pueda emitir criterio alguno y que, sin embargo, aun así, debe pronunciarse respecto a la fundamentación del fallo cuyo contenido versa sobre la legalidad ordinaria y la valoración de la prueba, denunciados ante la instancia tutelar.
- En este sentido, complementando la doctrina de las autorestricciones de la jurisdicción constitucional, se establece que en los casos en los cuales se impugnen resoluciones judiciales o administrativas denunciando falta de fundamentación, motivación y congruencia de un fallo y acusando errónea interpretación y/o aplicación de la legalidad ordinaria o defectuosa valoración de la prueba; la jurisdicción constitucional se verá impedida de ingresar a analizar el fondo de la problemática; por cuanto, si la parte accionante no cumple con la carga argumentativa y los presupuestos exigidos por la doctrina de las autorestricciones para que esta instancia revise la labor de la justicia ordinaria, menos podrá emitir pronunciamiento, cuando de aquellas causas emane una decisión, cuya fundamentación, motivación y congruencia se reclame de deficiente
- CONFIRMAR en todo