SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0336/2016-S1

Se interpuso en su contra un proceso penal por la presunta comisión del delito de estafa, bajo el argumento de que conformó una sociedad con los denunciantes y que los mismos realizaron aportes económicos que no les fueron devueltos; sin embargo, no se demostró la constitución de dicha sociedad ni los montos supuestamente aportados; aspectos que debieron ser dilucidados ante la jurisdicción civil y comercial por ser de carácter contractual y societario conforme prevén los arts. 4, 125 y 134 del Código de Comercio (Ccom) y 134 inc. 1) de la Ley de Organización Judicial abrogada (LOJabrg); razón por la que interpuso excepciones de incompetencia y prejudicialidad.

Las referidas excepciones fueron rechazadas por Auto Interlocutorio 25/2014 de 7 de enero, pronunciado por el Juez demandado, quien pronunció extra petita, con argumentos errados y copiados de los denunciantes, relativos al principio non bis in ídem y a la competencia territorial que no fueron alegados; y realizó una incorrecta interpretación de los arts. 42, 44, 309 y 310 del Código de Procedimiento Penal (CPP) al rechazar su pretensión bajo el argumento de que no existe identidad de sujeto objeto y causa y que la demanda civil ordinaria que presentó fue posterior a la denuncia penal, confundiendo la excepción de litis pendencia o cosa juzgada con la excepción de prejudicialidad que hace a la determinación de los elementos del tipo penal, en desconocimiento de la doctrina legal establecida en el Auto Supremo 241 de 1 de agosto de 2005, referida a la imposibilidad de penalización de cuestiones contractuales; omitiendo pronunciarse sobre la incompetencia en razón de la materia, alejándose de la interpretación teleológica y finalista.

Interpuesta la apelación contra el citado Auto, fue declarada admisible e improcedente mediante Auto de Vista 331 de 21 de noviembre de 2014, pronunciado por los Vocales demandados, quienes se limitaron a transcribir los fundamentos del Juez a quo, al señalar que la demanda civil de reconocimiento de contrato y cumplimiento de obligación que interpuso fue posterior a la denuncia penal en su contra, como si fuera necesaria la previa interposición de un proceso extrapenal, contradiciendo la jurisprudencia constitucional contenida en la          SC 0511/2010-R de 5 de julio; y, manteniendo subsistente el mencionado proceso penal, pese a que no se configuran los elementos del tipo penal de estafa, al no estar acreditados la existencia de engaño y la realización de acto de disposición.