SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0442/2016-S3

La jurisprudencia que reitera la línea sobre la valoración de la prueba establece cuáles son los requisitos y las vulneraciones, citando la “SCP 0682/2014”; carga argumentativa que no se cumplió en la presente acción para que el Tribunal de garantías deba ingresar a la valoración realizada por el Tribunal de instancia ordinario.

El art. 48 de la CPE, establece que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio; por lo que, tratándose de la multa del 30%, se entiende que concurre la inversión de la carga de la prueba, entonces el empleador debió en la primera instancia reclamar este hecho; y en la Resolución del recurso de casación, se establece la aplicación del art. 9 del DS 28699, lo que implica que aunque no se haya demandado este aspecto, la propia norma determina cuál es el procedimiento en caso de que el empleador omita pagar a tiempo.

Se dijo que el tercero interesado aceptó el cobro parcial; sin embargo, existe una certificación en la que se refiere una consignación de beneficios sociales que hace la entidad demandada ante el Juez, porque ni siquiera las autoridades del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social quisieron aceptar ese pago. También existe un apersonamiento de Jaime Villca Vargas, en el que se manifiesta que la liquidación realizada no responde a la realidad, por lo tal acudirá a un proceso de reliquidación y si llegó a cobrar un monto, es porque el trabajador necesita su sueldo para pagar cuentas y la manutención de su familia, lo que no es un acto consentido, ni una aceptación de la liquidación.