SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0578/2016-S1
Fecha: 23-May-2016
a)
Juan Ricardo Soto Butrón, Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental, por medio de su representante legal, presentó informe escrito cursante de fs. 582 a 584 vta.; asimismo en audiencia, refirió que: a) La accionante, en su memorial realizó aseveraciones confusas entre los fundamentos del Auto Interlocutorio de 12 de noviembre de 2014 y la Sentencia Agroambiental Nacional S1ª 58/2015, mismos que derivan de acciones distintas; siendo que, el primer fallo resuelve una excepción de cosa juzgada, y, el segundo la demanda de nulidad de título ejecutorial; b) La accionante y su esposo a momento de contestar la demanda, interpusieron excepción de cosa juzgada, que fue resuelta por el señalado Auto Interlocutorio; empero, si no se encontraba de acuerdo con dicha resolución, debió activar, dentro de plazo, la acción de amparo constitucional, al no haberlo hecho consintió el citado fallo, resultando improcedente la tutela solicitada; c) No es evidente la supuesta vulneración del derecho a la defensa; dado que, Martha Balvina Aranibar Vallejos de Mercado, participó activamente durante todo el proceso, presentando sendos memoriales conjuntamente con su esposo Gualberto Mercado Olmos; d) Con relación a la supuesta lesión de los derechos a la propiedad, debido proceso, a la defensa, acceso a la justicia y aplicación objetiva del ordenamiento jurídico, la accionante, no identificó la relación de hechos con los derechos supuestamente infringidos, en inobservancia de lo previsto por el art. 33.5 del Código Procesal Constitucional (CPCo), limitándose a mencionar la vulneración de derechos; asimismo, no fundamentó, de qué manera la Sentencia Agroambiental Nacional cuestionada, conculco sus derechos constitucionales; y, e) La accionante no reclamo o interpuso ningún incidente de nulidad en forma oportuna a objeto de dejar sin efecto el acto procesal que supuestamente lesionó sus derechos fundamentales.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2.Derechos y garantías supuestamente vulnerados
- I.1.3. Petitorio
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- a)
- 1)
- denegó
- II.1.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Sobre los principios ético morales de la sociedad plural y los valores que sustenta el Estado boliviano
- Fragmento 17
- III.2. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional
- En este contexto, el amparo constitucional boliviano en su dimensión procesal, se encuentra concebido como una acción que otorga a la persona la facultad de activar la justicia constitucional en defensa de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, frente a los actos u omisiones ilegales provenientes de los servidores públicos o particulares.
- En este orden de ideas, la acción de amparo constitucional adquiere las características de sumariedad e inmediatez en la protección, por ser un procedimiento rápido, sencillo y sin ritualismos dilatorios. A estas características se añade la de generalidad, a través de la cual la acción puede ser presentada sin excepción contra todo servidor público o persona individual o colectiva
- los emplazamientos, citaciones y notificaciones (notificaciones en sentido genérico), que son las modalidades más usuales que se utilizan para hacer conocer a las partes o terceros interesados las providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos, para tener validez, deben ser realizados de tal forma que se asegure su recepción por parte del destinatario;
- Es decir, los órganos jurisdiccionales o administrativos tienen la obligación específica de cumplir todas las formas, formalidades y ritualidades procesales que regulan las notificaciones en sentido general siguiendo su contenido regulatorio normativo exigente mínimo para hacer conocer a las partes o terceros interesados las providencias y resoluciones de dichos órganos y más allá del cumplimiento de esas ritualidades y formalidades legales de las notificaciones tienen el deber de adoptar, con la mayor diligencia, todas las medidas que resulten razonablemente adecuadas para asegurar que la determinación judicial sea conocida efectivamente por el destinatario, garantizando los derechos de las partes procesales a acceder al proceso y a los recursos legalmente establecidos, evitando así, la indefensión
- la aplicación correcta de la jurisprudencia contenida en la SC 1845/2004-R, en sentido de que las formas y formalidades procesales previstas en el Código de Procedimiento Civil para realizar las notificaciones en sentido general (emplazamientos, citaciones y notificaciones), deben ser cumplidas obligatoriamente por los órganos jurisdiccionales y administrativos, porque precisamente al tener un contenido regulatorio exigente mínimo se constituyen en el instrumento procesal valioso, no para cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino para asegurar que la determinación judicial o administrativa objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario y así materializar los derechos fundamentales a la defensa y tutela judicial efectiva
- La referida Sentencia Constitucional Plurinacional, refirió que: '… en lo que toca a las nulidades procesales emergentes de notificaciones irregulares o defectuosas por infracción de normas procesales puede ilustrarse con este ejemplo: Si dentro de un proceso judicial determinado no se notifica debidamente con la demanda a la parte demandada, es decir, cumpliendo las formalidades y ritualidades que exige el Código de Procedimiento Civil, ya existe per se una nulidad procesal con relevancia meramente procesal, pero dependerá, si pese a esa notificación defectuosa o inválida se le causó o no indefensión al demandado, para que el Juez invalide el acto procesal debido a que toda nulidad procesal tiene que tener relevancia constitucional'
- III.4. Análisis del caso concreto
- Fragmento 26