SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0748/2016-S1

Este entendimiento, emerge precisamente de la interpretación literal y teleológica del art. 125 CPE, que establece la procedencia de la acción de libertad, cuando se produzca una restricción o amenaza de restricción ilegal o indebida a los derechos fundamentales a la vida y a la libertad física a raíz de una persecución ilegal o un indebido procesamiento; en consecuencia, tratándose de la procedencia de la acción de libertad en relación al debido proceso, debe entenderse que la inobservancia a éste -debido proceso-, ha sido la causal principal para la afectación del bien jurídico libertad; pues, de lo contrario, si los actos emergentes del procesamiento no ponen en riesgo la libertad y no ocasionan su restricción, no podrán ser evaluados y considerados a través de la acción de libertad, correspondiendo su tratamiento, una vez agotados todos los medios intra procesales, a la acción de amparo constitucional, como medio de defensa idóneo en el jurisdicción constitucional para reparar y subsanar los defectos procesales en que pudieran haber incurrido tanto servidores públicos como personas particulares” (las negrillas son añadidas).

           Se evidencia también que la accionante, interpuso incidentes de actividad procesal defectuosa y objeción a la querella, además de una excepción de extinción de la acción penal, que no fueron resueltos por el Juez demandado, aspectos que según la accionante vulneraron sus derechos al debido proceso y a la defensa; sin embargo, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que, “…si los actos emergentes del procesamiento no ponen en riesgo la libertad y no ocasionan su restricción, no podrán ser evaluados y considerados a través de la acción de libertad, correspondiendo su tratamiento, una vez agotados todos los medios intra procesales, a la acción de amparo constitucional, como medio de defensa idóneo en la jurisdicción constitucional para reparar y subsanar los defectos procesales en que pudieran haber incurrido tanto servidores públicos como personas particulares…”; por lo que, de considerarse lesionado el debido proceso en una causa penal, este no puede ser tutelado por la acción de libertad, si no está estrictamente relacionado con el derecho a la libertad (valga la redundancia), correspondiendo en consecuencia, denegar la tutela solicitada, al no existir en el presente caso, relación directa de los hechos denunciados, con el referido derecho a la libertad y la restricción del mismo.