SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0785/2016-S1

Por otra parte, la SC 0281/2010-R de 7 de junio, ha complementado el entendimiento, al indicar: ‘Como se puede advertir la jurisprudencia del Tribunal Constitucional establece claramente que el derecho al debido proceso no solamente es exigible dentro de los procesos judiciales, sino que también abarcan a los procesos administrativos, jurisprudencia que no contradice los principios constitucionales; y que por lo tanto, es compatible con la Constitución vigente…’. Razonamiento que a su vez fue reiterado en la SCP 0169/2012 de 14 de mayo.

En este entendido el debido proceso, en su triple dimensión, es inherente a la sustanciación de cualquier proceso, debiendo este ser parte esencial de su tramitación, constituyendo sus elementos la intervención de un juez independiente, competente e imparcial, el emplazamiento válido, el derecho a ser oído, a poder probar lo alegado, a la fundamentación de los fallos, al control constitucional del proceso y la doble instancia’ (las negrillas nos pertenecen).

Razonamiento de cual se puede inferir que la fundamentación o motivación de una resolución, constituye un elemento esencial del debido proceso, y cuya inobservancia de este elemento en el pronunciamiento de una determinada resolución presupone la vulneración del derecho al debido proceso” (las negrillas son ilustrativas).