SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1121/2017-S3

En lo sucesivo, los arts. 1, 34.II., 45; y, 46.1. y 2. de la Ley General de Personas con Discapacidad (LGPD), desarrollaron la garantía a favor de las personas con discapacidad para el ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades con trato preferente, bajo un sistema de protección integral, consagrando la garantía de inamovilidad laboral en su favor, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen debidamente su despido; facultando al CONALPEDIS, como entidad descentralizada con autonomía de gestión y patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y la planificación estratégica en materia de discapacidad, a cuyo fin una de sus atribuciones es “a. Tomar acciones para generar la equiparación de oportunidades en las personas con discapacidad; b. Impulsar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad y hacerlos exigibles ante la autoridad competente”. Nótese que de acuerdo a la cronología normativa antes expuesta, los Decretos Supremos emitidos antes de la citada Ley, no solo son diferentes jerárquicamente sino que contienen procedimientos y requisitos que al ser previos no consideran la amplitud y alcance normativo de la Ley General de Personas con Discapacidad, porque aunque todos refieren a la obligación de contratación preferente, difieren cronológicamente en cuanto a la forma de acreditación de la discapacidad que permite el ejercicio de derechos.