SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1174/2017-S1

La SCP 1940/2015-S2 de 23 de diciembre, refiere que: “Inicialmente indicar que, la Norma suprema, protege de manera reforzada los derechos de estas personas, así encontramos los arts. 70, 71 y 72, a través de los cuales, el propio Estado adopta para sí, la obligación de establecer medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna, esta protección especial supone que es la propia Ley Fundamental quien se da la tarea de compeler a la observancia del favorecimiento a grupos sociales que por alguna limitación de carácter física o mental, se encuentran en una posición de desventaja frente al conglomerado social en general; sobre el particular, el filósofo norteamericano Ronald Dworkin, uno de los más grandes contribuyentes a la teoría del derecho y la ética, defendió en varias ocasiones la legitimidad de los mecanismos de discriminación inversa o acción afirmativa, en cuanto formas eficaces de redistribución de recursos para grupos desventajados.

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional contenida en la                       SCP 0846/2012 de 20 de agosto, en lo relativo a este grupo vulnerable, estableció las dos funciones que nacen de la complementación, compatibilización y conciliación constitucional de la igualdad en sus dos vertientes; formal y material, así expuso: ‘i) La legitimación de las medidas que adopte el Estado a través de sus órganos en sus respectivos roles (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) para establecer trato jurídico desigual sin que sean consideradas contrarias al principio de igualdad formal.

La complementación y conciliación de ambas vertientes del principio de igualdad: formal y material constitucionalizados y reconocidos en el bloque de constitucionalidad tiene dos funciones: La primera, obliga al Estado a través de sus Órganos en sus respectivos roles a otorgar un trato diferente a personas cuyas situaciones son sensiblemente diferentes, debido a que los derechos fundamentales son vinculantes para el legislador, al ejecutivo y los jueces, a estos últimos dado su rol preponderante en el Estado Constitucional de Derecho. Al legislador ordinario a dictar normas de desarrollo de discriminación positiva, al ejecutivo a realizar políticas públicas a través de acciones afirmativas o acciones positivas y a los jueces a proferir jurisprudencia que potencie el principio de igualdad material a través de un interpretación progresista, extensiva, libre de formalismos, a partir de los criterios y métodos de interpretación constitucionalizados como los de favorabilidad, favor debilis, pro hómine, en los arts. 13.IV y 256 de la CPE, entre otros.