SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0012/2017- S1

Sin embargo; del análisis minucioso de los antecedentes, se tiene que el último actuado cursante es el mandamiento de aprehensión librado contra el ahora accionante, sin que exista el acta correspondiente a la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, ni la resolución pertinente por la cual se impuso la detención preventiva. Este aspecto se ve igualmente reflejado en el ya citado informe de 1 de noviembre de 2016 emitido por la Secretaria-Abogada del aludido juzgado, donde se argumentó que el acta referida, “…no se encuentra labrada hasta su conclusión. En razón que mi superior jerárquico se encuentra suspendida de sus funciones” (sic), cuando materialmente la Jueza ahora demandada se encontraba cumpliendo sus funciones hasta el lunes 31 de octubre del mismo año, sin que su suspensión posterior se haya constituido en un óbice para la conclusión de la elaboración del acta y la correspondiente resolución de aplicación de la detención preventiva ni mucho menos, haya causado una imposibilidad material para que la autoridad demandada disponga la remisión de los obrados, pues durante el plazo de veinticuatro horas computables a tal efecto continuó ejerciendo sus funciones (su suspensión fue posterior); por lo que, los referidos aspectos no se encuentran contemplados ni previstos en el ordenamiento jurídico como causal para prolongar el plazo del trámite cuestionado, que además por regla general debió ser cumplido por la Jueza demandada, quien ciertamente incumplió el tiempo establecido por los      arts. 132 y 251 del CPP, dilatando más allá de los tres días y de forma injustificada el trámite de la apelación incidental, que involucra de forma directa el derecho a la libertad del accionante, omisión que se constituye en un acto indebido que prolongó su detención preventiva.