SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0242/2017-S1
Fecha: 28-Mar-2017
a)
Gabriela Guzmán Vargas, Directora del Establecimiento Penitenciario “Palmasola” Recinto Mujeres, en audiencia informó lo siguiente: a) El 16 de diciembre de 2016, advirtió que la imputada se retiró del mismo con salida de emergencia hacia la “Clínica Kamiya”; sin embargo, existe un convenio institucional entre el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz y el referido Régimen Penitenciario; a través del cual, se establece que cualquier interno, incluida la accionante, debe ser trasladado a los Hospitales Francesa o San Juan de Dios, de tercer y segundo nivel, respectivamente, en caso de agravarse su estado de salud; b) Por informes emitidos por sus custodios, constó que la impetrante de tutela se paseaba por los pasillos de la citada “Clínica Kamiya” sin bata de internada; y, c) La peticionante de tutela sufre de estrés, que es natural en personas que se encuentran internadas en un centro penitenciario; siendo un aspecto que escapó de su responsabilidad.
Por lo referido precedentemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respecto a personas que padecen de una enfermedad mental, determinó que todo tratamiento suministrado a un paciente, previamente deberá contar con su consentimiento informado, el cual debe ser obtenido de manera libre, sin amenazas ni persuasión indebida y después de proporcionar al paciente información adecuada y comprensible acerca de: a) El diagnóstico y su evaluación; b) El propósito, el método, la duración probable y los beneficios que se espera obtener del tratamiento propuesto; c) Las demás modalidades de tratamiento, incluidas las menos alteradoras; d) Los dolores o incomodidades posibles; y, e) Los riesgos y secuelas del tratamiento propuesto; entre otras.
- acción libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- Fragmento 3
- I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
- a)
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- II.10.
- II.11.
- i)
- III.1. Sobre los principios ético-morales de la sociedad plural y los valores que sustentan el Estado boliviano
- III.2. Naturaleza jurídica, alcances y presupuestos de activación de la acción de libertad
- el art. 173 del CPP, prescribe:
- En todo caso –como se dijo–, ello dependerá del sano criterio de la autoridad jurisdiccional que en virtud del principio de libertad probatoria determina en cada caso, si el aval del médico forense resulta necesario o no para asumir convicción, o de ser presentados los criterios de un médico particular y uno forense, en base a su prudente arbitrio se incline de forma motivada y fundamentada por dar credibilidad a cualquiera de ellos o finalmente a ambos
- La Asamblea General de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó veinticuatro principios en su Resolución 46/119 de 17 de diciembre de 1991
- No se deberá alentar o persuadir a un paciente a que renuncie a su derecho a dar su consentimiento informado. En caso de que el paciente así desee hacerlo, se le explicará que el tratamiento no se puede administrar sin su consentimiento informado.
- 11.
- 13.
- debe existir en cada centro penitenciario un servicio de asistencia médica que funcione las veinticuatro horas, encargado de otorgar a los internos, atención básica y de urgencia, en medicina general y odontología y en caso de tratarse de enfermedades o dolencias que precisen tratamiento especializado, será el Director del establecimiento el encargado de comunicar estos hechos a las personas indicadas, pudiendo el interno a solicitud expresa ante el Director del establecimiento, acceder a su costo, a atención médica ajena a la del establecimiento, cuya decisión podrá ser apelada ante el juez de ejecución penal.
- tratándose de casos de emergencia
- Fragmento 28
- Fragmento 29
- III.7. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR