SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0263/2017-S2
Fecha: 20-Mar-2017
III.4. Análisis del caso concreto
El Gobernador del departamento de Tarija, a través de sus representantes legales, denunció que la autoridades demandadas (miembros de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia) vulneraron su derecho al debido en las vertientes de la debida fundamentación, congruencia de las resoluciones y de no valorar las pruebas aportadas por su parte; toda vez que, estas autoridades del Órgano Judicial, a través de la emisión de la Sentencia 431/2015, en forma infundada e incongruente, declararon probada la demanda de la Empresa SERGEO, cuando de inicio debió ser considerado como un proceso contencioso simple, para que se pueda producir prueba y demostrar los hechos ilegales denunciados; sin embargo, se determinó el proceso iniciado como un contencioso administrativo de puro derecho, motivo por el cual no fueron valoradas las pruebas de la Gobernación sobre el incumplimiento del contrato por parte de la empresa demandante, que demuestran el motivo para que el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija decidiera la resolución del contrato para la provisión de trépanos; aparte de ello, los fundamentos utilizados para justificar el fallo, son incompletos e incongruentes, que no explican las supuestas ilegalidades cometidas por la Gobernación del departamento de Tarija al haber resuelto el contrato con la empresa demandante, causando con ello daños económicos al Estado.
Del contenido del memorial de la acción presentada, tenemos en realidad dos actos que la parte accionante denuncia, en primer lugar sobre la presunta errónea determinación o calificación del proceso, al determinar que éste fuera un proceso contencioso administrativo y no contencioso simple, y el segundo acto denunciado se centra en la falta de fundamentación, congruencia y la falta de valoración de las pruebas presentadas por su parte; por lo que, corresponde analizar los actos denunciados de manera separada.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- i)
- denegó
- II.1.
- III.
- III.1.
- En concordancia con el citado precepto constitucional, el art. 54.I del Código Procesal Constitucional, establece que la acción de amparo no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, en este mismo sentido, el art. 53.3 del citado Código determina que
- 1) Las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno
- siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse este requisito, no se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto, tampoco otorgar la tutela’
- Fragmento 13
- Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, entre los cuales, se encuentra la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R, de 25 de junio, que ampliando el entendimiento de la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre señaló lo siguiente: ‘(…) el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión’
- III.3.
- El principio de congruencia hace a la garantía del debido proceso, que en definitiva marca el desarrollo del proceso para poder llegar a la sentencia, estableciendo un límite al poder discrecional del juzgador. A través de este principio se obtiene la concordancia entre el petitum de las partes y la decisión asumida por el juez o tribunal; quedando entendido que los mismos no pueden modificar el petitorio ni los hechos planteados en la demanda. En ese sentido, el juez o tribunal no podrá iniciar una acción invocando ciertas conductas previamente tipificadas para en el curso de la sustanciación del proceso, cambiar las mismas, o peor aún, arribar a una conclusión de que fueron vulnerados otros preceptos por los cuales no se dio inicio al proceso en curso, aquello indudablemente significaría vulneración del principio de congruencia y atentatorio contra el debido proceso y el derecho a la defensa, por cuanto efectivamente se deja en indefensión al procesado quien no podrá asumir la misma de una manera efectiva, alterando inclusive la producción de la prueba de descargo
- III.4. Análisis del caso concreto
- III.4.1.
- III.4.2. Sobre la falta de fundamentación, congruencia y valoración de la prueba de la Sentencia
- CONFIRMAR