SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0332/2017-S1

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra               “a denuncia de Neyza Susana Lacoa Coronel” (sic), por la presunta comisión del delito de abuso sexual, producto de la imputación formal presentada en su contra en audiencia de medidas cautelares de 7 de octubre de 2016, se determinó su detención preventiva mediante Auto Interlocutorio de igual data, por supuestamente existir la concurrencia de los presupuestos determinados en los arts. 233.1 y 2, con relación al 234. 1 y 10; y, 235. 2, todos del Código de Procedimiento Penal (CPP).

Por cuanto el 3 de febrero de 2017, solicitó la modificación de la referida medida cautelar impuesta, ofreciendo y presentando pruebas de descargo, a pesar de la cual el 10 de ese mismo mes y año, se rechazó su petición, al no haberse desvirtuado los riesgos establecidos por la indicado Código, ante lo que en audiencia planteó apelación incidental, denunciando falta de fundamentación, motivación y valoración de la prueba en el Fallo del Juez  a quo; en vista de ello, los Vocales demandados dictaron el Auto de Vista 46/2017 de 21 de febrero, reiterando las ilegalidades de la Resolución de la autoridad judicial inferior, lesionando su derecho y garantía del debido proceso en sus elementos de una valoración razonable de la prueba y a la fundamentación y motivación, ligados íntimamente a su libertad, al desconocer que la Jueza a quo omitió señalar con fundamentos claros y precisos, que no  se desvirtuaron los riesgos atribuidos en su contra; denotando criterios contradictorios, valorando prueba que ya había sido tazada, como el certificado médico forense, alegando que en base a ellos se procedió a su detención, cuando nadie ofreció dicho documento; aspectos que a pesar de ser apelados fueron desconocidos por los Vocales demandados, al emitir el referido Fallo de manera infundada, inmotivada e incongruente, dentro del cual además de lo mencionado, a pesar de reconocer que las declaraciones de las testigos de cargo eran insuficientes para corroborar la existencia del presupuesto del art. 233.1 del CPP, mantuvieron los riesgos procesales lesionando sus derechos.

Los Vocales demandados en ese sentido omitieron dar respuesta a los puntos cuestionados en apelación, limitándose a realizar una abstracción de lo argumentado por la Jueza a quo, desconociendo que, dicha autoridad en realidad no hizo ninguna valoración del certificado de buena conducta en el recinto penitenciario, tampoco con el contrato de alquiler presentado, donde se acreditó que vive lejos de la víctima y de los testigos y el certificado el Ministerio Público, con el que se evidenció que su persona no influyó objetivamente en ninguna persona para entorpecer la averiguación de la verdad, cuando dicha documental era importante para desestimar los riesgos fijados en su contra; por lo que, las indicadas autoridades incurrieron en apreciaciones subjetivas, que denotan incongruencia omisiva.