SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0350/2017-S2

Sin embargo, y en consideración a la problemática planteada y la necesidad procesal de dar respuesta a la misma, la SC 0384/2011-R de 7 de abril, estableciendo que el principio de celeridad no solamente comprende el conocimiento del trámite de cesación de detención preventiva hasta llevar a cabo la audiencia; sino también en forma posterior, como ser el dar curso con la debida celeridad procesal al trámite de apelación de la resolución respectiva, en los casos que corresponda, complementó el entendimiento de la citada SC 0078/2010-R respecto a los actos dilatorios, estableciendo que, además de los señalados en dicha Sentencia Constitucional, se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva también cuando: “…Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada- ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley” (las negrillas son agregadas); en ese sentido se infiere que, en aquellos casos donde se verifique la existencia de dilación o una retardación injustificada, corresponderá otorgar la tutela solicitada, por cuanto ello repercute en el derecho a la libertad física del agraviado.

Entendimiento que fuera complementado mediante SCP 0149/2017-S2 de 6 de marzo, estableciendo que: “…siendo que el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación incidental contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, como un recurso sumario, pronto y efectivo, resulta que de conformidad con el art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser enviadas ante el Tribunal Departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.