SENTENCIA CONSTITUCIONAL PlurinacionaL 0476/2017-s2

II.6.  Por Auto de Vista 30 de 17 de enero de 2017, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, resolvió y declaró admisible e improcedente la apelación interpuesta por el imputado contra el Auto de 12 de enero de 2017, y su Auto Complementario de igual día, mes y año, con los siguiente fundamentos: a) El tribunal de apelación de cumplir con la obligación que impera el art. 398 del CPP, que establece que los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución; en ese sentido, el tribunal de apelación, cumpliendo esas directrices y exigencia se debe limitar a analizar si la resolución apelada cumplió con los presupuestos de inadmisibilidad o invalidez; b) En la audiencia de medidas cautelares que se llevó a cabo el 2 de diciembre de 2016, se determinó que el imputado tuvo su derecho a la defensa material, en función del art. 8 del referido Código; c) De la revisión del acta de medidas cautelares no se mencionó en ningún momento que el imputado fuera un interdicto o un enajenado mental, ya que piensa y actúa bien, señalando en su defensa que no está loco, sino que manifestó que su hermano con los demás miembros de la comunidad menonita se lo llevaron sin consultarle; d) La defensa presentó al tribunal de apelación elementos de apreciación que no pueden ser considerados puesto que los mismos no fueron presentados en la audiencia de 12 de enero de 2017; e) El punto neurálgico del recurso está referido que no era una causal justificable el hecho de que el acta de la audiencia no se haya transcrito, puesto que era una obligación del imputado cumplir las medidas impuestas el 2 de diciembre de 2016, ya que en todo caso, la defensa técnica tenía la opción de denunciar a la Jueza y a la Secretaria ante el Tribunal Disciplinario Departamental del Consejo de la Magistratura, ante la anormalidad procesal que implica una retardación de justicia e incumplimiento de deberes; f) La Jueza a quo dentro de la solicitud de la parte civil de 30 de diciembre de 2016, refirió que no se cumplió con la presentación de garantes, por lo que la Jueza estableció la revocatoria de las medidas sustitutivas según lo dispuesto por el art. 247 del CPP, todo al principio de verdad material, al no haber cumplido el imputado las condiciones de ese beneficio de libertad;  g) La SC “0690/2007-R” y la SCP “0746/2013”, establecen que el juez cautelar, debe hacer una revalorización integral, la cual fue realizada por la Jueza a quo, puesto que volvió analizar el art. 233 del indicado Código, si bien no mencionó en su Resolución a esta jurisprudencia constitucional, el Tribunal de apelación tiene la obligación de fundamentar en su fallo dicho aspecto; y, h) La situación del imputado, es que la Jueza lo trató como una persona normal con sano juicio, más allá de que la víctima y los comunarios menonitas hayan incurrido en algunos desmenes y otros aspectos repudiables, que deben ser denunciados ante la autoridad competente para que se corrija y demuestre a futuro que todo fue bajo extorsión, para más adelante pedir la nulidad si es que el imputado estuviera de mente, se tendría que anular la resolución y ordenar a la Jueza a quo que dicte un nuevo fallo conforme esos elementos, pero no está facultado para determinar si está o no en su sano juicio, ello tendrá que determinarse ante una autoridad competente, que ese Tribunal solo conoce apelaciones, por lo que se considera que no hubo vulneración a derecho, ni garantía alguna, hacia el apelante (fs. 240 vta. a 242).