SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0493/2017-S3

De la naturaleza de la acción de amparo constitucional, señalada tanto por la Constitución Política del Estado como por el Código Procesal Constitucional, se establece que esta acción tutelar no es un medio para pedir o exigir el cumplimiento de resoluciones emitidas por otras instancias que pueden ser de la vía ordinaria o de la administrativa, y es que son las mismas autoridades que las pronunciaron, las que tienen la facultad e instrumentos legales para hacerlas cumplir; en ese sentido, la SCP 0453/2012 de 4 de julio, estableció que: "Al respecto, es oportuno indicar que a través de la SCP 0162/2012 de 14 de mayo, se ha sentado el precedente señalando que: '…al Tribunal Constitucional, en el ámbito de las competencias asignadas por las normas previstas por el art. 120 de la CPE y la Ley del Tribunal Constitucional, no le está fijada la atribución de hacer cumplir las resoluciones firmes de otros órganos jurisdiccionales de la jurisdicción común, o las que emerjan de un procedimiento administrativo, sino que son estos los que tienen que hacerlas cumplir, así como resolver los incidentes que se presenten en su ejecución. Consiguientemente, una vez agotada la vía administrativa, los recurrentes deben acudir ante el órgano competente para que, en ejecución de esos fallos, haga cumplir los mismos, no siendo el recurso de amparo constitucional la vía idónea para ese fin, habida cuenta que se activa solamente ante la vulneración clara y efectiva de un derecho fundamental; así, se ha establecido una línea jurisprudencial en los casos en que se solicitó la ejecución de sentencias pasadas con autoridad de cosa juzgada, en el sentido de que el carácter subsidiario del recurso de amparo constitucional, impide conocer un asunto en el que se impetre la ejecución de una sentencia, resolución o fallo, pues esa labor le corresponde al órgano que lo emitió; razonamiento aplicable también para la ejecución de resoluciones administrativas, pues es al propio órgano emisor de la resolución administrativa al que le corresponde ejecutar sus resoluciones, y sólo si el órgano omite cumplir su deber de manera reiterada y ostensible, y se han agotado los medios legales para que tal órgano cumpla con su deber, se abrirá la jurisdicción constitucional, no para ejecutar las resoluciones, sino para reparar una lesión al debido proceso o a otros derechos fundamentales, dado que la eficacia de las resoluciones se constituye en un derecho que emerge de la garantías del debido proceso, y la no ejecución lesiona tal derecho'" (las negrillas nos pertenecen).