SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0564/2017-S3

Edwin José Blanco Soria, Fiscal Departamental de La Paz, mediante informe presentado el 31 de marzo de 2016, cursante de fs. 281 a 282 vta., manifestó que: a) La Resolución jerárquica pronunciada se encuentra debidamente fundamentada y fue pronunciada en base a todos los elementos de convicción cursantes en el cuaderno de investigación; b) La revocatoria de la Resolución de sobreseimiento no es definitiva puesto que la accionante tiene la posibilidad de demostrar su inocencia en la etapa de juicio oral; y, c) La accionante no agotó las vías legales ordinarias previo a la interposición de esta acción tutelar, por lo que primero debió acudir al Juez de la causa.  

En respuesta a la solicitud de aclaración y enmienda, el Tribunal de garantías sostuvo que: a) Con relación a la falta de pronunciamiento acerca de la subsidiariedad, se tomó primero en cuenta el principio de inmediatez, por lo que se decidió considerar los fundamentos de la parte accionante y la existencia o no de vulneraciones correspondientes en la presente acción de defensa, además de que “…se ha analizado también el principio de subsidiariedad una vez analizado sobre el fondo” (sic); y, b) Respecto al medio idóneo para atacar la Resolución jerárquica emitida por el Fiscal Departamental de La Paz, y la mención de la Sentencia Constitucional “2074”, la misma hace referencia a una ratificatoria de requerimiento lo cual no aplica al presente caso.

En ese sentido, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, sostuvo que: “…por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente” (las negrillas son añadidas).