SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0571/2017-S2

Si bien no existe una disposición normativa específica que prevea un plazo para la sustanciación de la audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, tratándose de una solicitud donde se halla involucrado el derecho a la libertad de una persona éste Tribunal mediante la SCP 0759/2012 de 13 de agosto, entre otras, señaló que; “...la autoridad jurisdiccional en observancia de los valores y principios constitucionales contenidos en el referido art. 8.II de la CPE con relación al 180.I del mismo cuerpo legal y en aplicación del principio procesal de celeridad, cuando conozca una solicitud de un privado de libertad, se encuentra obligado a tramitar la misma dentro del menor tiempo posible y cumpliendo a cabalidad los plazos establecidos en la norma legal, toda vez que actuar en contrario implicaría la afectación de los derechos y garantías del imputado…” (las negrillas son nuestras).

En ese contexto, a efectos de fijar qué actuaciones deben considerarse como actos dilatorios que vulneran el debido proceso e involucran de forma directa el derecho a la libertad, a través de la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, se estableció categóricamente que: “a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.

b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.