SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0696/2017-S2
Fecha: 03-Jul-2017
III.5. Análisis del caso concreto
En el caso en examen, la accionante denuncia la vulneración de la garantía del debido proceso en su vertiente de una resolución fundamentada y congruente; alegando que, dentro del proceso investigativo seguido en su contra por el Ministerio Público, los Fiscales de Materia rechazaron la denuncia interpuesta por Esteban Ventura Martínez; sin embargo, la ex autoridad demandada, pronunció la Resolución Jerárquica F.D.O./M.M.P.LL. S/L 20/2017 de 21 de marzo, la misma que revocó la Resolución de Rechazo y dispuso que se continúen con las investigaciones, no obstante de ello, no mencionó los fundamentos de la objeción del querellante, tampoco cuáles son los elementos que no fueron integralmente apreciados; asimismo, no estableció qué actos de investigación deben realizarse, estando demostrada la incongruencia de la citada resolución.
De la respectiva compulsa de los antecedentes que han sido remitidos a este Tribunal, se ha evidenciado que, el 8 de diciembre de 2014, el Fiscal de Materia informó al Juez Instructor de turno en lo Penal, sobre el inicio de investigación a efectos del control jurisdiccional, dentro del proceso seguido por el Ministerio Público a denuncia de Esteban Ventura Martínez, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes, previsto y sancionado por el art. 154 del CP, modificado por la Ley 004 de 31 de marzo de 2010, contra autores, cómplices y encubridores; posteriormente, el 12 de junio de 2015, hizo conocer al órgano jurisdiccional, la ampliación de la investigación contra Rossío Carolina Pimentel Flores de Taborga –ahora accionante– y otros, por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y estafa, previstos y sancionados por los arts. 154, 146, 150, modificados por el art. 34 de la Ley 004 y 335 todos del CP.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.3. Petitorio
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- a)
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza jurídica
- puede inferirse que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc.
- Fragmento 15
- III.2 Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales o administrativas como componente del debido proceso
- la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas
- el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas
- Los fiscales formularán sus requerimientos y resoluciones de manera fundamentada y específica
- toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas
- III.3.1. Sobre el rechazo de la denuncia y la atribución del Fiscal Departamental
- 17.
- En este sentido, la competencia del Fiscal Departamental, a los fines de realizar la revisión del acto (rechazo) realizado por el Fiscal de Materia, únicamente se apertura con la formulación de la objeción precedentemente señalada, tal cual permiten comprender las previsiones legales contenidas en los arts. 34. 17 y 65 de la LOMP,
- la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución
- El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes
- primero, relativo a la
- III.5. Análisis del caso concreto
- Fragmento 28
- Fragmento 29
- únicamente se apertura con la formulación de la objeción precedentemente señalada, analizando los agravios expresados en la misma
- y relacionarlos necesariamente con los puntos de agravio formulados por el denunciante, en su memorial de objeción al rechazo de denuncia, para así determinar si la autoridad Fiscal jerárquica, consideró o no los mismos a tiempo de emitir su fallo correspondiente
- Fragmento 32
- debe imprescindiblemente exponer los hechos, así como la fundamentación legal y motivación que sustente la parte dispositiva de la misma, a objeto de dejar certeza a las partes procesales, que se obró conforme a la normativa vigente; asimismo, una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión
- se ha incurrido en la vulneración del derecho al debido proceso en su componente de fundamentación alegado por la accionante
- CONFIRMAR e