AUTO CONSTITUCIONAL 0282/2017-RCA

         Sobre el cómputo del plazo de seis meses para la formulación de las acciones de amparo constitucional, la jurisprudencia constitucional, entre ellas la contenida en la SCP 1463/2013 de 22 de agosto, determinó: “Los arts. 128 y 129 de la CPE, establecen que la acción de amparo constitucional constituye un medio de tutela de carácter extraordinario y se rige esencialmente por los principios de subsidiariedad e inmediatez, que hacen a su naturaleza jurídica. El principio de inmediatez se caracteriza por tener una doble dimensión; positiva y negativa, la primera consistente en que el amparo constitucional es la vía idónea para la protección inmediata de derechos fundamentales y garantías constitucionales restringidos o suprimidos indebida o ilegalmente; la segunda, la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa.

Respecto a la causal de improcedencia relacionada a la existencia de los actos consentidos, la SCP 1126/2014 de 10 de junio, señaló que“…debe entenderse objetivamente como cualquier acto o acción que el titular del derecho fundamental realice ante la autoridad o particular que supuestamente lesionó el mismo, como también ante otra instancia, dejando advertir o establecer claramente que acepta o consiente de manera voluntaria y expresa la amenaza, restricción o supresión a sus derechos y garantías fundamentales, de modo que no siempre podrá exigirse un acto en el que el titular manifieste textualmente y por escrito que acepta libre y expresamente el acto ilegal u omisión indebida, sino que ello podrá deducirse con los elementos de juicio suficientes del accionar que el titular hubiera tenido a partir de la supuesta lesión de la que hubiesen sido objeto sus derechos y garantías constitucionales”, coligiendo de ello que en la presente acción la parte accionante, no consintió los actos que considera ilegales más al contrario a partir de la lesión invocada interpuso la misma, una vez agotados los medios idóneos que ofrece nuestro ordenamiento jurídico y dentro del plazo establecido por ley, teniendo por desvirtuado el fundamento expresado por el Juez de garantías, quién tiene la facultada de evidenciar el cumplimiento de los requisitos determinados en los arts. 33, 53 y 66 del CPCo. o en su caso ordenar la subsanación de todas las observaciones que considere pertinentes y en el plazo de tres días a partir de su notificación, una vez cumplido el referido plazo, si la observación u observaciones efectuadas no hubieran sido corregidas, se tendrá por no presentada la acción tutelar si corresponde, conforme lo previsto por el art. 30.I.1 del citado Código, por cuanto dicha labor corresponde como análisis previo de éstos, función primordial de los tribunales y jueces de garantías, quienes son encargados de verificar y velar el cumplimiento en primera instancia de los requisitos básicos de forma, los cuales habilitan para el ingreso y análisis de fondo de la problemática planteada.

         En ese marco, se concluye que en la presente acción de defensa no se advierte la existencia de causales de improcedencia, previstas en los arts. 53, 54 y 55 del CPCo; es decir, del principio de inmediatez y subsidiariedad; ya que, contra la Resolución RR/SP 48/2017 de 18 de mayo, no existe otro recurso idóneo que pueda revisar la mima.