SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0892/2017-S1

De donde se puede establecer que, los operadores de justicia deben actuar de forma rápida y eficaz, tanto en lo que se refiere a la tramitación de las causas como en la resolución de las mismas; toda vez que, las personas que intervienen en los procesos, esperan una definición oportuna de su situación jurídica, máxime si de por medio se encuentra comprometido su derecho fundamental a la libertad.

De acuerdo con el texto constitucional, el art. 3 de la Ley del Órgano Judicial ‒Ley 025 de 24 de junio de 2010‒ establece los principios sobre los cuales se sustenta, destacando el principio de celeridad en el numeral 7 en los siguientes términos: “Comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia”. En concordancia al mismo, es pertinente mencionar la prohibición establecida por el art. 128 de la

citada Ley, que señala: “I. Se incurrirá en demora culpable por dictar resoluciones en los procesos fuera de los plazos fijados por la ley. Igualmente importará demora culpable el uso impropio y reiterado de providencias de sustanciación como traslado, vista fiscal, informe y otras, fuera de los casos señalados en las leyes procesales, bajo responsabilidad.

La jurisprudencia constitucional glosada al respecto señaló: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud'; o sea que, el principio de celeridad procesal, impone a quienes imparten justicia, actuar con diligencia despachando los asuntos sometidos a su conocimiento, sin dilaciones indebidas, exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, aún cuando no exista una norma que establezca un plazo mínimo” así lo estableció la SC 0900/2010 de 10 de agosto, la misma que es citada en la SCP 0286/2012 de 6 de junio