SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0916/2017-S2
Fecha: 21-Ago-2017
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Mediante memorándum 039/2013 de 5 de marzo, ingresó a trabajar al Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo, en el cargo de chofer, con una asignación salarial correspondiente al nivel seis de la planilla presupuestaria; posteriormente, fue objeto de rotación en su cargo mediante memorándum 091/2013, siendo a la postre reasignado en sus funciones en diferentes oportunidades.
Refiere que, por memorándum 034/2015 de 6 de enero, el Alcalde Municipal de Bermejo, prescindió de sus servicios; sin embargo, la autoridad judicial le restituyó a sus funciones mediante memorándum 016/2015 de 7 de enero, en aplicación del art. 26 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales (LGAM) y la Ley 223 de 2 de marzo de 2012, de las personas con discapacidad, quedando designado en el cargo de chofer de la Intendencia Municipal, evidenciándose que las autoridades del municipio de Bermejo, ya tenían conocimiento que su persona gozaba de inamovilidad laboral o funcionaria, por ser padre de una menor que tiene discapacidad permanente tipo sensorial, deficiencia auditiva en porcentaje de 59%, extremo demostrado a través del carné de discapacidad 06-19930810LCA.
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- el 21 de febrero de 2017,
- a)
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- I.2.2. Informe de la autoridad demandada
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.5.
- II.6.
- Fragmento 12
- III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza jurídica
- puede inferirse que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc.
- III.2. Sobre el derecho al trabajo
- discapacidad
- así como generar las condiciones que permitan el desarrollo de las potencialidades individuales de las personas con discapacidad
- IV.
- las personas con discapacidad no pueden ser retiradas de sus fuentes de trabajo, salvo por las causales legalmente establecidas, previo proceso interno
- salvo que se cuente con declaratoria de invalidez permanente, contenida en el Certificado Único de Discapacidad, emitida por el Ministerio de Salud y Deportes, de conformidad al Decreto Supremo N° 28521
- Artículo 3°
- Artículo 4°.- (De la calificación de discapacidad)
- Es ése precisamente, el espíritu de la normativa que reglamenta y resguarda la estabilidad laboral de las personas con discapacidad
- el ámbito de protección de los trabajadores o funcionarios en las condiciones referidas, importa la inamovilidad laboral y excepcionalmente, su despido -únicamente cuando se compruebe una causa justa y previo proceso
- III.5. Análisis del caso concreto
- el accionante es una persona que se halla protegida por la normativa legal que reglamenta y resguarda sus derechos como padre que tiene bajo su dependencia a una persona con discapacidad, en base al DS 28521; situación acreditada
- dicho aspecto no puede considerarse como un acto consentido, toda vez que, no podía hacer abandono de su puesto de trabajo debido a las sanciones a las que podía ser sometido por parte de la autoridad demandada; no obstante de ello, acudió ante Jefatura Regional de Trabajo de Bermejo, denunciando el hecho y solicitando expresamente su nivelación salarial y su reincorporación al mismo cargo que desempeñaba, por gozar de inamovilidad laboral
- se ha evidenciado la vulneración del derecho al trabajo del accionante, conforme se tiene expresado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional plurinacional, así como la inamovilidad laboral en su condición de padre que tiene bajo su dependencia a una persona con discapacidad, considerado como un grupo de atención prioritaria
- REVOCAR