SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0935/2017-S2
Fecha: 21-Ago-2017
III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO
El accionante alega que las autoridades demandadas vulneraron su derecho a la libertad, emergente de la emisión del Auto de Vista de 3 de marzo de 2017 carente de fundamentación, declararon subsistente el art. 234.10 del CPP, sobre el peligro efectivo para la víctima y la sociedad por tomarse en cuenta la naturaleza del hecho y la conducta del imputado; refiriendo que afectó un derecho fundamental como es la vida, situación que sustentaría su peligrosidad; además de la concurrencia de la probable autoría previsto por el art. 233.1 del CPP, sin considerar que este fundamento lesiona el derecho a la presunción de inocencia al reflejar la opinión de su culpabilidad en el hecho ilícito investigado, ratificando los argumentos sobre la extrema peligrosidad del imputado, omitiendo valorar pruebas que acreditarían su buena conducta y carencia de antecedentes y su no pertenencia a la pandilla responsable del hecho, sin contar con elementos objetivos que respalden su decisión
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- 1)
- concedió parcialmente
- III.
- II.
- III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO
- III.1. De la finalidad y los alcances de la acción de libertad
- una decisión es arbitraria cuando carece de razones, es antojadiza o producto de conocimientos insuficientes que no pueden sostener un mínimo análisis jurídico legal; al contrario, la decisión tiene fundamento en la medida en que se afirmen circunstancias de hecho y de derecho, sustentada en pruebas y normas aplicables que visualicen la base sobre la cual se apoya la decisión; estas afirmaciones no pueden ser frases trilladas o rutinarias, sino razones coherentes y claras referidas al caso concreto.
- Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió
- implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, y que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume
- exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales
- en virtud a los principios de legalidad e inmediación, no correspondiéndole al juez de garantías ni mucho menos al Tribunal Constitucional Plurinacional, realizar una nueva valoración de las pruebas. Sin embargo, se han determinado excepciones en la cuales éste Tribunal si puede ingresar a realizar valoración de la prueba, en los casos en que la valoración realizada por el juez ordinario, se la haya realizado apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad o cuando arbitrariamente se haya omitido valorar una prueba y como consecuencia exista lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales.
- III.4.
- Fragmento 16
- Fragmento 17