SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0940/2017-S2
Fecha: 21-Ago-2017
II.7.
II.7. Los Vocales demandados, emitieron la resolución 007 de 28 de enero de 2016, por la que declararon “improcedente “ el recurso de apelación, planteado por el accionante y “confirmaron” la resolución de 14 de enero de 2015, bajo los siguientes fundamentos: 1) Se evidencia que el recurso interpuesto cumple con las condiciones de tiempo y forma establecidos por el art. 404 del CPP y la Resolución apelada se encuentra comprendida en la previsión del art. 403 inc.2) del mismo cuerpo de leyes, por lo que se admite el recurso; 2) “…Para declararse la nulidad es necesario que el acto procesal se haya realizado en violación de las prescripciones legales, sancionadas específicamente con la nulidad, además no resulta suficiente que la ley prescriba expresamente la nulidad, por cuanto la misma está moderada por la regla ‘no hay nulidad sin daño’ que integra a la consideración de una probable nulidad con los principios doctrinales sobre las nulidades procesales, entre los cuales destacan en la materia: El principio de Trascendencia (…) Sobre el particular el Tribunal Constitucional mediante Sentencia Constitucional 1569/2010-R de 11 de octubre en lo que corresponde a la nulidad determino (…) Por último debe tenerse presente la doctrina legal aplicable establecida en el Auto Supremo 351 de 28 de agosto de 2006, cuando señala (…) También resulta pertinente destacar los nuevos lineamientos jurisprudenciales asumidos por el actual Tribunal Constitucional Plurinacional sobre prevalencia del derecho sustancial al formal en la Sentencia Constitucional 1998/2010-R de 26 de octubre…”(sic); 3)El principio regulador de la actividad procesal defectuosa se encuentra contenido en el art. 167 del CPP, por lo que dentro de ese marco legal se distingue los defectos absolutos y los relativos, siendo los primeros susceptibles de convalidación y otros quedan convalidados en casos previstos por la norma; en el defecto absoluto, el quebrantamiento de la forma está vinculado a la protección de un derecho fundamental o garantía constitucional; en el defecto relativo existe un quebrantamiento de la formalidad, por lo que “…la nulidad no deriva sólo del quebrantamiento de la forma, pues es necesario que ese quebrantamiento haya afectado los derechos de alguna de las partes y que esta haya demostrado del agravio…”(sic); 4) Llama la atención la fecha de emisión de la resolución de 14 de enero de 2015; toda vez que, resolvió un incidente de nulidad absoluta planteado el 13 de mayo del 2013, después de casi aproximadamente dos años, cuando el “…05 de abril de 2013 ya se celebró la audiencia de medidas cautelares y se pronunció resolución definiendo la situación jurídica del imputado e incluso a la conclusión de la etapa preparatoria (…) la fiscal a cargo del proceso emitió su requerimiento conclusivo de sobreseimiento…”(sic) revocado por el Fiscal de distrito, demostrando una total dejadez en el control jurisdiccional de la causa, que no puede justificarse en la carga laboral, al haberse realizado otros actos jurisdiccionales antes de cumplir con la obligación de resolver el incidentes de previo y especial pronunciamiento; 5) “…Los argumentos explanados por el Juez a quo para rechazar el incidente (…) son correctos, por cuanto se advierte que se respondió de manera fundamentada y motivada a cada uno de los 12 planteamientos, por cuanto de los informes policiales que cursan en antecedentes se puede evidenciar que ante una denuncia anónima por explotación laboral de menores (…) obliga a los funcionarios policiales como medida de precaución verificar la existencia o no de un hecho ilícito…”(sic), no siendo exigible la formalidad ya que ante una información fehaciente sobre un hecho ilícito el interés superior del proceso penal es, la averiguación de la verdad histórica del hecho por sobre los formalismos; 6) El reclamo del imputado radica en relación a la denuncia anónima “ilegal” la falta de citación y denuncia por el delito de violación y la existencia de contradicciones en los informes policiales; sin embargo “…la aprehensión fue por el delito de violación a una menor de edad y no así por el delito de explotación laboral, hecho que tomaron conocimiento cuando se constituyen en la Panadería, tal aseveración se demuestra en la coincidencia que existe en los informes policiales que cursan en antecedentes…” (sic) no existiendo vulneración alguna del debido proceso, ya que ante la aseveración de una menor quien refirió que mantenía relaciones sexuales con una persona mayor, los funcionarios policiales procedieron a aprehenderlo y ponerlo a disposición de la autoridad competente; y, 7) En cuanto al principio de inocencia, por mandato del art. 116.I de la CPE, y el art. 6 del CPP, todo imputado goza del estado de inocencia en tanto no se demuestre su culpabilidad por sentencia ejecutoriada, correspondiendo la carga probatoria a la parte acusadora, por lo que “…su aprehensión, la imputación formal y la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva (…) no vulnera dicho principio ni impiden de manera alguna el trato de persona inocente…”(sic) por lo que no es evidente la vulneración del debido proceso, la presunción de inocencia con afectación del derecho a la defensa del imputado capaz de provocar un defecto absoluto previsto en el art. 169.3 del CPP (fs. 272 a 276 vta.).
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
- I.2.3. Intervención de los terceros interesados
- denegó
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
- II.1.
- II.3.
- II.6.
- II.7.
- i) Fiscal de Materia:
- III.1. Configuración de la acción de amparo constitucional
- Fragmento 15
- el amparo constitucional se constituye en un proceso constitucional, de carácter autónomo e independiente con partes procesales diferentes a las del proceso ordinario o por lo menos con una postura procesal distinta, con un objeto específico y diferente, cual es la protección y restitución de derechos fundamentales con una causa distinta a la proveniente del proceso ordinario, esto es, la vulneración concreta o inminente de derechos fundamentales a raíz de actos y omisiones ilegales o indebidos
- la acción de amparo constitucional adquiere las características de sumariedad e inmediatez en la protección, por ser un procedimiento rápido, sencillo y sin ritualismos dilatorios. A estas características se añade la de generalidad, a través de la cual la acción puede ser presentada sin excepción contra todo servidor público o persona individual o colectiva.
- Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido;
- Esta exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; máxime, cuando se trata de resolver recursos sobre excepciones, tienen carácter definitivo y por lo mismo, es imprescindible que dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, del mismo modo que se exige al apelante cumplir con la obligación de fundamentar los agravios; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan ,los fundamentos de hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa
- los tribunales de apelación, al igual que los jueces de primera instancia, deben garantizar el respeto al debido proceso en todas las etapas y actuados que sean de sus conocimiento, lo cual implica también el respeto a la igualdad, traducido en la emisión de sus resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas, respondiendo a los agravios y impugnados por quien recurre en apelación, puesto que se trata de resoluciones que conocen y resuelven las decisiones asumidas por los tribunales de instancia
- lo que significa que la autoridad que emite una resolución necesariamente debe exponer los hechos, la valoración efectuada de la prueba aportada, los fundamentos jurídicos de su determinación y las normas legales que aplica al caso concreto y que sustentan su fallo; lo que de ninguna manera implica una argumentación innecesaria que abunde en repeticiones o cuestiones irrelevantes al caso,
- la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, no se traducen en una exigencia de extensión o simplemente de forma, sino que esencialmente se refiere a aspectos de fondo referidos a que el juez, de una forma imparcial, debe expresar en su resolución los hechos, pruebas y normas en función de las cuales adopta su posición; además, de explicar las razones -el porqué- valora los hechos y pruebas de una manera determinada y el sentido de aplicación de las normas
- III.3.
- cada autoridad que emite una resolución, debe hacerlo con la debida motivación y fundamentación a efectos de no vulnerar el debido proceso, obligación que se torna más relevante cuando estas autoridades deban resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas en primera instancia, en consecuencia, estas resoluciones deben exponer con claridad las razones y fundamentos legales que las sustenten y que permiten concluir que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio ha sido el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, respondiendo además a todos los agravios planteados, no siendo necesario una exposición ampulosa de consideraciones y citas legales innecesarias sino, que haga conocer al juzgador de manera clara cuales fueron las razones o motivos que le llevaron a tomar una determinada decisión; es decir, porque valoró los hechos y las pruebas de una manera determinada y porque el sentido de la aplicación de las normas.
- Fragmento 25
- CONFIRMAR en parte