SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0666/2018-S1
Fecha: 22-Oct-2018
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido en su contra y otros por el Ministerio Público y Patricia Candy López Zúñiga, por la presunta comisión del delito de homicidio culposo, el 7 de noviembre de 2014, planteó excepción de extinción de la acción penal por prescripción, la que habiendo sido declarada procedente y probada por Auto 17/2014 de 12 de noviembre, del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de Santa Cruz, fue apelada por la parte contraria, originando que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento emitiera el Auto de Vista 95 de 24 de abril de 2015 y su complementario 169 de 22 de octubre del mismo año, que revocó el Auto 17/2014 y dispuso la continuación del juicio oral.
Agrega, que contra esa determinación, interpuso una acción de amparo constitucional que fue resuelta por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0914/2016-S2 de 26 de septiembre, que dispuso dejar sin efecto el Auto de Vista citado y su complementario, imponiendo a las autoridades judiciales en ese entonces demandadas, emitan nuevo Auto de Vista en base a los fundamentos jurídicos desarrollados en el referido fallo constitucional; empero, las autoridades hoy demandadas, luego de ser notificadas, dictaron el Auto de Vista 74 de 31 de mayo de 2017, que nuevamente revocó el Auto 17/2014 y dispusieron la continuación del juicio oral, si bien sustentaron dicha resolución con argumentos distintos a los utilizados en el Auto 95/2015, volvieron a violentar el debido proceso; por lo que, solicitó explicación y complementación sobre algunos aspectos; sin embargo mediante Auto de Vista complementario 176/2017 de 19 de julio, fue rechazado por los miembros de la referida Sala.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- i)
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- cuando las autoridades accionadas no dan cumplimiento a lo dispuesto por el juez de garantías, dentro de acciones de libertad o amparo constitucional, el accionante debe acudir ante el mismo juez de garantías que emitió la resolución, o en su caso a la vía ordinaria para hacer cumplir la misma; puesto que no corresponde presentar una nueva acción tutelar contra las mismas autoridades ya demandadas en una acción tutelar anterior
- el juez o tribunal de garantías que conoció la acción tutelar, una vez conocida la queja por demora o incumplimiento en la ejecución de sentencias emanadas de acciones tutelares, con la finalidad de asegurar un debido proceso, en el plazo de veinte cuatro horas desde el conocimiento de este mecanismo, solicitará informe y demás medidas o documentación pertinente a la autoridad o particular obligado a cumplir una decisión emergente del control tutelar de constitucionalidad, quien deberá remitir lo solicitado ante el juez o tribunal de garantías, en un plazo no mayor a tres días, para que en primera instancia, el juez o tribunal de garantías, establezca la demora o incumplimiento en la ejecución de una decisión emergente del control tutelar de constitucionalidad, si fuera el caso
- Por su parte, el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la sala que emitió la sentencia con calidad de cosa juzgada, resolverá mediante Auto Constitucional la queja interpuesta por demora o incumplimiento a resolución constitucional con calidad de cosa juzgada, debiendo confirmar total o parcialmente o en su caso revocar, la decisión del juez o tribunal de garantías que conoció inicialmente la queja por mora o incumplimiento a decisiones constitucionales con calidad de cosa juzgada constitucional, decisión que deberá ser cumplida de manera inmediata
- ante la eventualidad de un acto de resistencia, desobediencia o incumplimiento de una Sentencia
- III.2. Análisis del caso concreto
- III.2.1. Otras consideraciones
- Fragmento 19