SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0786/2018-S1

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se ordene: a) Dejar sin efecto las resoluciones: Auto de Vista de 29 de junio de 2017, pronunciada por la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y la Sentencia de 1 de noviembre de 2016, emitida por el Juez Público Civil y Comercial Quinto del departamento de Santa Cruz; b) Disponga que las autoridades accionadas o la autoridad llamada por ley que corresponda conocer la causa, emita un nuevo Auto de Vista, que resuelva legal y objetivamente la problemática planteada, conforme los fundamentos jurídicos constitucionales que serán expuestos en la resolución emitida por el Tribunal de garantías constitucionales; c) Se declare expresamente que la Resolución de amparo dictada en audiencia implique la notificación a las partes con la acción, inclusive al Juez Público Civil y Comercial Quinto del referido departamento a fin de no perjudicar su desempeño; y, d) Con el pago de costas y costos.

           De lo referido solo resulta exigible una precisa presentación, por parte de los accionantes, que muestre a la justicia constitucional porqué la interpretación desarrollada por las autoridades vulnera derechos y garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: a) Por vulneración del derecho a una resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias, dentro del proceso judicial o administrativo, lesiona derechos y garantías constitucionales”.

           En ese contexto, cabe igualmente señalar que la acción de amparo constitucional no es una instancia procesal ni casacional supletoria, así la SCP 0294/2012 de 8 de junio, que a su vez cita a la SC 1358/2003-R de 18 de septiembre, estableció que la citada acción tutelar: “…no es un recurso casacional que forme parte de las vías legales ordinarias, lo que significa que sólo se activa en aquellos casos en los que se supriman o restrinjan los derechos fundamentales o garantías constitucionales, por lo mismo no se activa para reparar supuestos actos que infringen las normas procesales o sustantivas, debido a una incorrecta interpretación o indebida aplicación de las mismas” (Entendimiento reiterado en las SSCC 0254/2012, 0362/2012, 0108/2012 y 1687/2012 entre otras).