SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0808/2018-S1

El 30 de enero de 2018, a través de “WHATSAPP” medio legítimamente establecido del BSF del departamento de Santa Cruz, se convocó a reunión a horas 19:00, con suma urgencia, debiendo asistir una comitiva entre clases y policías al BSF ubicado en el segundo anillo, con la finalidad de socializar el Decreto Supremo (DS) 3231 de
28 de junio de 2017, misma que concluyó a horas 21:00 aproximadamente, al momento de desocupar las inmediaciones aparecieron algunos medios de comunicación y entrevistaron a algunos policías y posteriormente todos se retiraron.

Por informe de 31 de enero de 2018, Gerson Huanca Pito, Jefe de Seguridad del BSF del departamento de Santa Cruz, puso de manifiesto lo ocurrido el día anterior, y por disposición superior de la Dirección Departamental de Investigación Policial Interna (DIDIPI) de Santa Cruz, se instruyó incoar un proceso disciplinario signado con el caso 034/2018, a través del requerimiento de inicio de investigaciones de 2 de marzo del referido año, por el Fiscal Policial, quien en aplicación del art. 57 inc. a) de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana (LRDPB) -Ley 101 de 4 de abril de 2011-, puso a disposición investigativa a “seis” policías, apartándolos de su fuente laboral intempestivamente, solo a efectos de tomarles declaraciones, acto que tiene un efecto negativo, pues desde el primer momento tuvieron que asumir defensa, sin gozar del factor económico y más aún, Esteban Daniel Mamani Poma, quien tiene a su cargo dos hijos con capacidades diferentes. 

Manifestaron que el 31 de enero de 2018, Alipio Mauro Patiño Caprirolo, Jefe de Sección de Inteligencia del BSF del departamento de Santa Cruz, “secuestró” a Esteban Daniel Mamani Poma, de su fuente laboral ubicada en la agencia del Banco Unión Mutualista S.A. a horas 9:19, procediendo inicialmente a llamar a dicho funcionario policial, ordenándole que suba a la camioneta del BSF, caso contrario sería arrestado, ante la amenaza se vio obligado a subir al vehículo que arrancó con rumbo desconocido, y al percatarse de que el hecho se encontraba grabado, optaron por llevarlo a las instalaciones del BSF, ingresándolo en una habitación obscura, en la cual se encontraba otra persona que no pudo identificar, quien lo enmanilló y procedieron a mostrarle un televisor conectado a un DVD, donde aparecían imágenes de policías en protestas que supuestamente se estarían amotinando, amenazándolo con darle de baja, y que traerían a su familia e hijos sino hablaba, pretendiendo que inculpe y declare nombre de oficiales para incriminarlos, al ver que no coadyuvaba, lo golpearon y metieron su cabeza en una bolsa negra con agua “pese a que se encontraba con su uniforme”, intentando acabar con su vida. Ante la tortura, amenaza y coacción finalmente desvaneció y fue forzado a dar nombres de policías que ni siquiera estaban en el lugar de las protestas, luego fue trasladado nuevamente a su fuente de trabajo después de una hora, ordenándole que no hablara de lo ocurrido caso contrario lo “cazarían” a él y a su familia, aterrado no habló con nadie al respecto hasta la fecha, circunstancia en que todos los procesados se enteraron de esa ilegalidad.